Siete decretos supremos y un decreto legislativo referidos a estados de emergencia en diferentes partes del país sí cumplen con los parámetros constitucionales, según los dictámenes aprobados esta mañana por la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside la congresista Martha Moyano Delgado (FP).

Moyano Delgado explicó que corresponde a ese grupo de trabajo ejercer el control político sobre la delegación de facultades de decretos de urgencia, decretos supremos que declaran estados de excepción y los tratados ejecutivos que emite el Poder Ejecutivo para revisar su constitucionalidad.

“Todos los informes que remitió el grupo de Control Político fueron aprobados en forma unánime y concluye que cumple con los parámetros constitucionales previstos para la delegación de facultades”, indicó.

Aclaró que el objeto de análisis no se refiere a reformas de la Constitución, a aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de Cuenta General de la República; y no lesiona derechos fundamentales.

Se trata de los siguientes dictámenes. El recaído en el Decreto Supremo 059-2023-PCM, que declara el estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Áncash, Cajamarca, La Libertad y Lima, por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales.

-El Decreto Supremo 072-2023-PCM, que declara el estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023-2024) y posible fenómeno el niño.

-El Decreto Supremo 105-2022-PCM, que prorroga el estado de emergencia en los distritos de Shamboyacu y Tingo de Ponasa de la provincia de Picota del departamento de San Martín, por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales.

-El Decreto Supremo 122-2022-PCM, que declara el estado de emergencia en algunos distritos de varias provincias del departamento de Piura, por impacto de daños a consecuencia de déficit hídrico.

-El Decreto Supremo 125-2022-PCM, que declara el estado de emergencia en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla del departamento de Loreto.

-El Decreto Supremo 138-2022-PCM, que declara el estado de emergencia en la localidad de Cunia del distrito de Chirinos de la provincia de San Ignacio del departamento de Cajamarca, por impacto de daños a consecuencia de deslizamiento de tierra.

-El Decreto Supremo 150-2022-PCM, que declara el estado de emergencia en el distrito de Atico de la provincia de Caravelí del departamento de Arequipa, por peligro inminente ante déficit hídrico.

Asimismo, el dictamen recaído en el Decreto Legislativo 1554, que modifica la Ley 27658, Ley Marco de modernización de la gestión del Estado.

SUSTENTACIONES

Durante la cuarta sesión ordinaria, las congresistas Patricia Juárez Gallegos (FP) y Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País, sustentaron sus sendas iniciativas legislativas.

Juárez Gallego explicó los argumentos de su propuesta de Resolución Legislativa N.° 05687/2023-CR que plantea modificar el artículo 56 del Reglamento del Congreso sobre oportunidad de las votaciones.

La propuesta plantea que, cerrada la votación, no procede alguna modificación luego de que el presidente proclame el resultado.

Por su parte, Amuruz Dulanto hizo lo propio con su Proyecto de Ley 05303/2022-CR que propone la “Ley que norma el procedimiento de propuestas para jueces, jueces ad hoc y comisionados en Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

La legisladora destacó que su iniciativa es importante para hacer transparente el nombramiento de estas autoridades ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte, la congresista María del Carmen Alva Prieto (NA) sustentó su Proyecto de Ley 03125/2022-CR que propone la “Ley que modifica el artículo 5 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas”.

La legisladora indicó la necesidad de retornar y actualizar la Ley de Organizaciones Políticas, modificada en el gobierno de Martín Vizcarra, para establecer que no podrán ser objeto de inscripción las organizaciones cuyo contenido ideológico, doctrinario o programático promueva la destrucción del Estado constitucional de derecho.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL