DECLARAN DE INTERÉS PÚBLICO CREACIÓN DE AUTORIDAD NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA

Centro de Noticias del Congreso

10 May 2016 | 20:10 h

La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, que preside la legisladora Verónika Mendoza Frisch (AP-FA), aprobó por unanimidad la creación de la autoridad nacional de la transparencia y acceso a la información pública, proyecto que integró tres iniciativas similares.

El referido sistema es definido como el conjunto integrado de organismos, normas y procedimientos que establecen y supervisan el cumplimiento de la política pública referida a la promoción de la cultura de la transparencia y el ejercicio del derecho al acceso de la información pública.

Mendoza Frisch explicó que según informe de la Defensoría del Pueblo, importante porcentaje de pedidos de la información quedan ‘inatendidos’ por parte de las instituciones públicas correspondientes. Esta iniciativa busca que se garantice y cumpla con la ley de transparencia, pero además que el Estado sea proactivo con el ciudadano con los mecanismos accesibles, con un enfoque de interculturalidad, para que la autoridad autónoma creada pueda disponer, por ejemplo, que la publicación de las normas se haga en las lenguas originarias de nuestro país. Estaremos vigilantes en su aplicación, anunció.

Por su parte, el legislador Vicente Zeballos Salinas (SN) explicó que es necesario dar un primer paso y ayudara a transparentar la información pública. Fortalecer la democracia a través de una participación más directa de los ciudadanos y vecinos, no reducir su participación a las elecciones cada cinco años. El Parlamento no puede soslayar su responsabilidad de fortalecer la democracia, dijo.

Pedro Spadaro (FP) advirtió el peligro de que esta propuesta constituya el incremento de ‘más burocracia’; debemos apuntar hacia un gobierno electrónico, hacer que todas las entidades públicas brinden información rápida y oportuna y que todo documento emitido por una institución pública se publique de manera inmediata para el conocimiento de la ciudadanía. Además, que se determine mecanismos donde los responsables de brindar información sean debidamente sancionados cuando no cumplan. El ‘secretismo’ en las entidades públicas debe cambiar, dijo.

El legislador Jhon Reynaga sostuvo que se debe incidir en determinar responsabilidades porque ya contamos con una ley de acceso a la información, aunque muchos burócratas aún no lo cumplen. Debe fijarse tiempo para la respuesta y determinar a qué pliego o sector pertenecería la implementación de la Ley, opinó.

Asimismo, Reynaga Soto reclamó que se precise que la información sea accesible a las personas con discapacidad, utilizando lenguajes alternativos para su comprensión, como son lenguaje de señas, Braille, etc.

La presidenta de la Comisión precisó que esta iniciativa no está creando una autoridad autónoma, sino declarando de interés público y necesidad nacional que el Poder Ejecutivo tenga a bien hacerlo justamente para garantizar y tender hacia un gobierno abierto, transparente y los ciudadanos tengan verdaderas facilidades para el acceso oportuno a la información.

“También tenemos una necesidad de una autoridad que vigile el mejor cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información y que propongan políticas y normas para señalar responsabilidad en los funcionarios y autoridades que no dieran cumplimiento a la norma”.

“Actualmente se carga al ciudadano el costo de buscar información, una efectiva transparencia contribuiría a detectar, prevenir y evitar casos de corrupción, permitiría ahorrar al ciudadano y Estado peruano”, señaló.(EPA)

PRENSA/CONGRESO
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Mendoza Frisch explicó que según informe de la Defensoría del Pueblo, importante porcentaje de pedidos de la información quedan ‘inatendidos’ por parte de las instituciones públicas correspondientes. Esta iniciativa busca que se garantice y cumpla con la ley de transparencia, pero además que el Estado sea proactivo con el ciudadano con los mecanismos accesibles, con un enfoque de interculturalidad, para que la autoridad autónoma creada pueda disponer, por ejemplo, que la publicación de las normas se haga en las lenguas originarias de nuestro país. Estaremos vigilantes en su aplicación, anunció.
Por su parte, el legislador Vicente Zeballos Salinas (SN) explicó que es necesario dar un primer paso y ayudara a transparentar la información pública. Fortalecer la democracia a través de una participación más directa de los ciudadanos y vecinos, no reducir su participación a las elecciones cada cinco años. El Parlamento no puede soslayar su responsabilidad de fortalecer la democracia, dijo.
Pedro Spadaro (FP) advirtió el peligro de que esta propuesta constituya el incremento de ‘más burocracia’; debemos apuntar hacia un gobierno electrónico, hacer que todas las entidades públicas brinden información rápida y oportuna y que todo documento emitido por una institución pública se publique de manera inmediata para el conocimiento de la ciudadanía. Además, que se determine mecanismos donde los responsables de brindar información sean debidamente sancionados cuando no cumplan. El ‘secretismo’ en las entidades públicas debe cambiar, dijo.
El legislador Jhon Reynaga sostuvo que se debe incidir en determinar responsabilidades porque ya contamos con una ley de acceso a la información, aunque muchos burócratas aún no lo cumplen. Debe fijarse tiempo para la respuesta y determinar a qué pliego o sector pertenecería la implementación de la Ley, opinó.
Asimismo, Reynaga Soto reclamó que se precise que la información sea accesible a las personas con discapacidad, utilizando lenguajes alternativos para su comprensión, como son lenguaje de señas, Braille, etc.
La presidenta de la Comisión precisó que esta iniciativa no está creando una autoridad autónoma, sino declarando de interés público y necesidad nacional que el Poder Ejecutivo tenga a bien hacerlo justamente para garantizar y tender hacia un gobierno abierto, transparente y los ciudadanos tengan verdaderas facilidades para el acceso oportuno a la información.
“También tenemos una necesidad de una autoridad que vigile el mejor cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información y que propongan políticas y normas para señalar responsabilidad en los funcionarios y autoridades que no dieran cumplimiento a la norma”.
“Actualmente se carga al ciudadano el costo de buscar información, una efectiva transparencia contribuiría a detectar, prevenir y evitar casos de corrupción, permitiría ahorrar al ciudadano y Estado peruano”, señaló.(EPA)
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