La Comisión de Fiscalización y Contraloría, aprobó este miércoles 12, en forma unánime, la iniciativa que plantea el establecimiento de que la declaración jurada de intereses de las autoridades, funcionarios y servidores del Estado y candidatos a cargos públicos, se presenten a la Contraloría General de la República.

Con ello, se propone la derogatoria del Decreto de Urgencia 020-2019, emitido el 5 de diciembre del 2019, que establece que la Declaración Jurada de Intereses se presenta ante la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM.

El autor de la propuesta, congresista Guillermo Aliaga Pajares (SP), explicó que el objetivo es garantizar, autonomía e idoneidad en el control, fiscalización y sanción de dichos instrumentos de conformidad con los principios constitucionales de lucha contra la corrupción y por la transparencia y buena administración.

El legislador indicó que el DU 020-2019, que se dio en el interregno parlamentario, presenta deficiencias y que la PCM no es una entidad encargada de hacer control de la declaración jurada de interés, no tiene la capacidad de sancionar, no tiene la experiencia, ni el personal capacitado para ello.

Asimismo, dijo que, en determinadas circunstancias la PCM podría llegar a ser “juez y parte”.

Antes, durante la sustentación del predictamen, el titular de la comisión, Édgar Alarcón Tejada (UPP) señaló que el objetivo de la iniciativa es indispensable para el ejercicio del cargo o función pública.

Indicó que entre los obligados a la presentación del documento están el Presidente de la República, congresistas, ministros y los más altos funcionarios del Estado, gobernadores regionales, alcaldes, oficiales, generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional en actividad, entre otros.

Además, se ha incluido a los parlamentarios andinos, como sujetos pasibles de la obligación legal, puesto que su mandato proviene de la elección pública.

DOS MILLONES DE NUEVOS AMBULANTES

El grupo de trabajo escuchó por varias horas a funcionarios de fiscalización y administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en torno a la situación del sobredimensionamiento del comercio ambulatorio informal en el Mega Centro Comercial Mesa Redonda.

La gerente de Fiscalización y Control de la comuna limeña, Zuleyka Prado Maza, explicó los problemas y alternativas planteadas por su sector para erradicar el comercio ambulatorio, formalizarlo y tomar medidas sanitarias contra la pandemia.

La gerente de Desarrollo económico, Patricia Talavera, indicó que entre marzo y julio el comercio ambulatorio informal ha crecido en dos millones adicionales de comerciantes, quienes se están “recurseando” ante la pérdida de sus empleos, como consecuencia de la pandemia.

Gracias a las encuestas realizadas señaló que se ha logrado identificar que este nuevo sector se dedica al comercio de prendas para invierno, mantas, ropa interior. La mayoría son personas de entre 18 y 30 años y un alto porcentaje corresponde a mujeres.

Anotó que a diferencia de los ambulantes nómades, o los que no tienen sitio fijo, y de los residentes, éstos últimos sí están dispuestos a ser reubicados.

Prado Meza afirmó que entre las medidas adoptadas se hizo el cierre del acceso con tranqueras a los ambulantes y para ello cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Además, dijo, se ha tomado pruebas rápidas y se trabaja en la socialización de medidas sanitarias.

La congresista María Retamozo Lezama (Frepap) llamó la atención por la sobredimensión de las medidas de seguridad y la violencia contra los ambulantes que luchan por sobrevivir.

El congresista Robinson Gupioc Ríos (Podemos Perú) hizo lo propio al considerar que se hace abuso de autoridad en contra de los mismos comerciantes formalizados, a quienes en muchos casos les decomisan sus productos y les cobran multas más altas que lo que invirtieron en sus mercaderías.

Por su lado, el presidente de la Asociación de Empresarios del Mega Centro Comercial “Mesa Redonda”, Alberto Cieza Obregón, sostuvo que las medidas adoptadas por la comuna limeña no han dado los resultados esperados por ser inoperantes, inadecuadas e ineficientes.

En ese sentido, afirmó que las barreras de contención no sirven y por el contrario impiden que los compradores accedan a las galerías y las unidades móviles se desplacen con sus productos.

“No hay orden, no hay control, no hay proyección. Entretanto, nuestras cuentas están en rojo, tenemos deudas con los bancos, proveedores y otros. Las medidas de bio seguridad las hemos tomados nosotros mismos”, reclamó.

Dijo que a fin de año, de seguir así la situación, terminarán infectados y perjudicados económicamente. “Pero no lo permitiremos. Buscaremos todas las armas posibles para enfrentar la pandemia y reactivar nuestra actividad comercial sin contar con el Municipio de Lima”, dijo.

Después de conocer la crítica situación por la que atraviesa este sector comercial, Alarcón Tejada dijo que la comisión intervendrá con el ánimo de ayudar y ver la forma de organizar una estrategia que permita ordenar y ayudar a los empresarios en problemas.

Finalmente, la comisión aprobó invitar para este viernes, entre otros, al rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Jorge Alva Hurtado, padre de la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, para que aclare si tiene vínculos con una empresa que habría contratado con el Estado.

Lima, 12 de agosto de 2020

PRENSA-CONGRESO