Los legisladores Rebeca Cruz y Armando Villanueva mostraron su incomodidad, como representantes  cusqueños, en relación con las rutas, horarios e infraestructura de los trenes locales que se dirigen a Machu Picchu.

Esto se dio en la sesión del Grupo de Trabajo, el martes 19, para analizar los contratos de concesión de Fetransa, Consettur, Belmont Santuary Lodge, Hotel Cusco, así como los servicios turísticos de la ruta Cusco-Machu Picchu. que preside la congresista Cruz Tevez.

“Nos muestran imágenes de trenes que no son usados por los locales, nosotros hemos viajado con los miembros de la Comisión y no son en esos trenes”, recalcó Cruz respecto a las fotos de Fetransa del tren local.

Asimismo, Villanueva cuestionó la forma en la que viajan los locales en los trenes, ya que no hay atención preferencial y están apiñados debido a la cantidad de pasajeros.

Sobre ello, respondieron que no están obligados por el contrato a hacer transporte a bajo costo, pero como responsabilidad social realizan transporte en el tren local para personas y residuos sólidos; así también, agregaron que el monto de pago no ha sido modificado desde 1999 pese a la subida de precios de combustibles. “Tenemos un costo social desde Santa Teresa y Machu Picchu hasta Cusco”, dijeron.

Respecto a por qué el ferrocarril trasandino no lleva pasajeros, sino combustible y minerales a diversas horas, entre Arequipa, Puno y Cusco, los funcionarios expresaron que el costo que generaría no convendría a los usuarios y tendría que intervenir el Estado de modo subsidiario para establecer el monto de los pasajes.

Hemos hablado con autoridades locales y regionales a lo largo de los años, ellos saben que el costo superaría al beneficio, ya que la mayoría prefiere transporte por carretera debido al bajo costo”, subrayaron.

Posteriormente, Fetransa informó que se encuentran obligados a presentar una carta fianza cada año hasta el 15 de mayo porque está estipulado en el contrato; sobre la fianza se indicó que busca cubrir los intereses generados del Estado dado el pago de retribuciones por el tráfico de los operadores en la vía.

En relación con los estándares de seguridad, manifestaron que OSITRAN es el que emite la certificación que los avala, además que su inversión asciende a 219 millones 468 mil 47 soles. “Las multas en estos 20 años de funcionamiento han sido cinco y de montos mínimos, todas se han pagado al Estado peruano”, refirieron.

Debido a la cantidad de preguntas formuladas y a la falta de presentación de documentos por los invitados, los expositores de PeruRail e IncaRail fueron invitados a una próxima sesión para que expongan los requerimientos del Grupo de Trabajo.

PRENSA CONGRESO