El Contralor General de la República, Nelson Shack, inició la reorganización de esa institución que incluye, en su organigrama, la eliminación de tres gerencias centrales, cuatro gerencias de coordinación, 35 gerentes de departamento, 12 asesores de la alta dirección y 82 puestos generales y de confianza.

            La decisión se adoptó para ordenar la especialización y vocación descentralista y llevar adelante una organización más clara y horizontal, explicó el funcionario. Paralelamente a esta reorganización, el Contralor anunció que se elaborará un solo criterio salarial para evitar que técnicos y profesionales, por ejemplo, tenga un mismo sueldo.

            Estos avances forman parte del informe que hizo Schack Yalta a la Comisión de Fiscalización, respecto a lo que establece  la Ley 30742, de fortalecimiento de la CGR y del Sistema Nacional de Control, en la sesión del miércoles 16.

            El Contralor informó que la ley le otorga 120 días para esta reorganización y dentro de los cambios realizados dijo que se han incrementado los órganos sancionadores y que en cada región del país habrá un tribunal sancionador. Para el efecto, se han designado 24 órganos instructores en cada región e igual número de gerentes regionales. Las OCIS absorberán a unos siete mil trabajadores a nivel nacional.

            El propósito es descentralizar y simplificar el trabajo, así como un ordenamiento de puestos, especialización y profesionalización. Sobre este punto dijo que se tomará como base el percentil 3 (de siete) para establecer niveles salariales de acuerdo a la labor de cada trabajador. No puede haber técnicos que ganen como profesionales y éstos que hagan la labor que les corresponde, pero no cuentan con título alguno. Esto es una arbitrariedad y también una discriminación, remarcó el Contralor.

            Al respecto, el congresista Mauricio Mulder le manifestó que la Contraloría y el MEF deberían establecer un criterio general de sueldos para la administración pública porque actualmente hay un desbalance salarial. Le pidió que presente una propuesta integral para el sector público.

            El Contralor anunció  que todas estas inequidades serán resueltas en junio próximo, mientras que a los congresistas se les enviará a sus correos una notificación de los servicios de control realizados por su institución, y en 45 días se instalará un sistema informático que permitirá presentar declaraciones juradas de intereses de los funcionarios públicos.

            Otros cambios anunciados fue el incremento de dos salas a seis del Tribunal Sancionador de Responsabilidad Administrativa, cada uno con tres miembros. Los 18 vocales previstos accederán previo concurso y a dedicación exclusiva por un lapso de tres años, renovable.

            Durante su exposición y luego de ella, participaron los congresistas. Héctor Becerril informó que el grupo de trabajo encargado de reestructurar la Ley de Contrataciones del Estado, en el que participó la CGR, tiene adelantado un 90% de su labor. Horacio Pacori preguntó por los plazos en que deben estar culminadas las declaraciones juradas y las responsabilidades y sanciones por omisión.

            Roberto Vieira le preguntó si era verdad que había gastado 30 mil dólares en remodelar su oficina, a lo que el Contralor respondió que no se ha hecho ningún cambio. El congresista Yonhy Lescano le pidió más auditores y menos gerentes. Por su parte, Ana María Choquehuanca le solicitó que la CGR haga el monitoreo de todos los proyectos de inversión.

            De otro lado, el titular de la Contraloría dijo que el Estado gasta anualmente 550 millones de soles en alquiler de oficinas para el sector público, cerca de cuatro mil locales en todo el país. Rechazó cualquier influencia política en las decisiones que adopta la CGR.

FACULTADES LEGISLATIVAS

            Con cargo a redacción, la Comisión que preside el congresista Rolando Reátegui, aprobó el informe que le solicitó la Comisión de Constitución respecto al pedido de facultades legislativas por el Poder Ejecutivo en materia tributaria y financiera, competitividad, de reconstrucción y cierre de brechas de infraestructura y servicios, integridad y lucha contra la corrupción.

OBRAS POR IMPUESTOS

            También se presentó el director general de Política de Promoción de la Inversión Privada del MEF, Gabriel Daly Turcke, quien presentó las propuestas del Ejecutivo respecto a mejorar el marco legal de obras por impuestos y modalidades similares para acelerar la intervención de los gobiernos nacional y subnacional en el cierre de brechas de inversión y equipamiento de infraestructura y servicios.

            Sobre el tema, el funcionario presentó tres propuestas de modificaciones del marco legal de las obras por impuestos, para obtener mayor transparencia, según argumentó.

            Una de ellas es la simplificación administrativa y de documentación porque no hay una estandarización. Se hará en cuatro formatos y se reducirá de 60 días a 10 la aprobación del informe previo; otra es la actualización de proyectos: hay una demora de tres meses debido a modificaciones técnicas. Cuando son licitadas, dijo, no incorporan las observaciones de la Contraloría, pero debe hacerse, remarcó Daly.

            Informó que hay 14 proyectos de inversión que fueron superiores en un 50% de los montos establecidos en el convenio. Propuso que este monto solo sea entre la firma del expediente y su culminación para evitar que haya más adendas. Planteó también que se declare la prescriptibilidad de un proyecto.

            El congresista Humberto Morales pidió que asista el ministro, sobre todo si se va a responder a una consulta de la comisión de Constitución. “Tiene que dar su veredicto oficial”, afirmó. En su respuesta, el director de políticas del MEF aclaró que no se busca reducir requisitos, sino actualizar la información y que debe ser observada por la CGR.

PEDIDOS APROBADOS

            De otro lado, la Comisión aprobó por unanimidad los pedidos de los congresistas Mauricio Mulder y Carlos Domínguez. Del primero, para que la PCM informe sobre la participación del consultor argentino Maximiliano Aguiar, quien está en condición de turista en el país, pero asiste a las sesiones del consejo de ministros participando en deliberaciones de Estado en las que interviene el presidente de la República.

            Domínguez Herrera pidió por su parte que se conforme un grupo de trabajo que investigue las decisiones y denuncias sobre el gobierno regional de Áncash.

ALCALDE

            Por último, la comisión recibió al alcalde de Ate, Oscar Benavides Majino, para que responda a las quejas planteadas por los pobladores. Desmintió que haya cerrado dos vías de la Avenida Vista Alegre. Dijo que solo se hizo cuando se construyó el túnel de tres kilómetros por la avenida Benavides que llega hasta una estación del Metropolitano.

            Informó que se está por construir un “mall” sobre un terreno de 14 hectáreas y la vía de acceso lo está construyendo la empresa privada. Sobre las áreas verdes en San Gregorio, como parte del proyecto Huaycán Verde, dijo que el área fue un aporte de la urbanizadora a la municipalidad y está inscrito en los Registros Públicos. Sostuvo que hay un grupo de seudodirigentes que se opone a las decisiones de la municipalidad y que se trata de “un tema dirigencial” de la Asociación San Gregorio.

            Desmintió también que se pretenda entregar al sector privado parte del centro arquelógico “Huaycán Parichi”, porque eso es competencia del Ministerio de Cultura, e igualmente que hubiera irregularidades en la contratación de personal y de parientes en la municipalidad de Ate.

PRENSA CONGRESO