Los 18 ministros de Estado y el presidente del Consejo de Ministros se presentaron en 49 oportunidades ante el Pleno del Congreso de la República y 54 veces en diferentes comisiones ordinarias, durante la primera legislatura del Período Anual de Sesiones 2015-2016, como parte de las funciones de control político que ejerce el Poder Legislativo.

En el mismo período, comprendido entre el 27 de julio y el 15 de diciembre del presente año, el gabinete en pleno se presentó en dos oportunidades, los días 25 y 26 de noviembre, para sustentar los pliegos presupuestales para el próximo año fiscal; en tanto que otros ministros se presentaron en cuatro oportunidades, tres de ellas para informar sobre sus respectivos sectores y en una oportunidad para responder a un liego interpelatorio, en este caso al exministro del Interior, Gustavo Adrianzén.

Los primeros en acudir ante la Representación Nacional, el 27 de agosto, fueron el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, para informar sobre la situación del lote 192, en la región Loreto.

En otra oportunidad, el 30 de septiembre hicieron lo propio los titulares de Energía y Minas, del Ambiente y del Interior, Rosa María Ortiz, Manuel Pulgar Vidal y José Pérez Guadalupe, respectivamente, quienes asistieron por iniciativa propia para informar sobre la situación del proyecto minero ‘Las Bambas’, en el departamento de Apurímac.

Los tres ministros volvieron a presentarse ante el Congreso el 14 de octubre para tratar sobre el mismo tema, esta vez a pedido de la representación parlamentaria, conforme lo señala el informe sobre ‘Control Político y Fiscalización’, elaborado por la Oficina de Gestión de la Información y Estadística del Congreso de la República.

En el mismo período, el Pleno del Congreso otorgó facultades investigadoras en dos oportunidades a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para los casos de presuntos pagos de sobornos y sobrevaloraciones injustificadas por parte de empresas constructoras brasileñas para favorecerse con la adjudicación de obras públicas en el Perú desde el 2001 hasta la fecha.

También le otorgó facultades para investigar la presunta comisión de ilícitos en que habría incurrido la presidente del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, y otras personas vinculadas, en la administración de los fondos para la campaña electoral, cuyos ingresos y egresos se consignan en las denominadas ‘agendas’ de la también primera dama.

Así mismo, el Pleno acordó por unanimidad otorgar 90 días hábiles adicionales para que la Comisión de Fiscalización y Contraloría profundice y amplíe sus indagaciones por presunto lavado de activos que habría cometido el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Burga Seoane, y otros funcionarios públicos y personas naturales y jurídicas de su entorno.

Otras comisiones

Además, el Pleno aprobó el informe final de la primera comisión investigadora que nombró para indagar y determinar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y en los movimientos regionales y locales. El informe fue aprobado el pasado 9 de diciembre.

La segunda comisión multipartidaria nombrada, fue instalada el 2 de noviembre, y está encargada de investigar el pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos por parte de las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y otras, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha, por cualquier forma de contrato con el Estado peruano. Tiene 120 días para cumplir con su misión.

El Parlamento acordó también conformar tres comisiones especiales para cumplir diversas funciones específicas. La primera está encargada de seleccionar candidatos a Defensor del Pueblo y un miembro del Tribunal Constitucional, integrada por los portavoces titulares de los grupos parlamentarios y presidida por el presidente del Congreso en calidad de miembro supernumerario

La segunda comisión especial tiene por misión emprender las acciones del Congreso de la República para la prevención y colaboración frente al fenómeno de ‘El Niño’ 2015-2016; y la tercera es la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana.

Acusaciones constitucionales

De otro lado, y por intermedio de la Comisión Permanente, el Parlamento declaró improcedentes y envió al archivo 107 acusaciones constitucionales y declaró procedentes otras dos; en tanto que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó 7 informes de calificación y dejó pendiente de este procedimiento otras 75 acusaciones.

En el mismo período, y por intermedio de los nueve grupos parlamentarios y el Grupo Parlamentario Especial presentó 528 pedidos de información a los 18 ministerios, a 10 gobiernos regionales y 24 gobiernos locales, así como a diversos organismos públicos (Ministerio Público, PCM, y Poder Judicial).

De ese total solo fueron atendidos 218 pedidos de información, y los 310 restantes no fueron atendidos y se encuentran pendientes de respuesta. (JVS)

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