El Pleno del Congreso de la República aprobó el martes 15 el Estatuto del Servicio Parlamentario, orientado a establecer la carrera del servidor parlamentario, los requisitos para ingresar a él y para ocupar plazas vacantes, así como su organización, lo que evitará el manejo político del personal a su servicio, según se afirmó.

La resolución legislativa fue sancionada con el voto a favor de 68 congresistas, dos en contra y una abstención y después de ser  desestimada la cuestión previa planteada por el congresista Javier Velásquez (CP) con la propuesta de devolver el documento a la comisión dictaminadora para un mayor análisis, y posponer el debate para la próxima legislatura. El pedido fue desestimado con 44 votos en contra y 27 a favor.

Al sustentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Fredy Otárola (NG), detalló que la iniciativa se orienta a ordenar la estructura organizativa del Servicio Parlamentario, fomentar su desarrollo meritocrático, transparente y predecible de las funciones a su cargo.

 Así mismo, se propone establecer las condiciones de la carrera del servicio parlamentario; mejorar la calidad de los servicios de asesoría técnica, parlamentaria y administrativa, a través de la calificación, especialización y fortalecimiento de la ética y la neutralidad al servicio del ciudadano, y como consecuencia, fortalecer la institución parlamentaria.

El documento se propone establecer expresamente que el ingreso al Servicio Parlamentario se realice a través de concurso público de méritos y no sea aplicable al personal de la Organización Parlamentaria.

El dictamen establece una serie de disposiciones respecto a la carrera del Servicio Parlamentario, y dispone que el personal que se encuentre laborando con contrato sujeto a modalidad o contrato administrativo de servicio (CAS) se incorpore a la carrera, previo concurso interno de méritos.

 Además, precisa los alcances de la carrera del servicio parlamentario, su ámbito de aplicación, los principios que la rigen; aparte de establecer la estructura orgánica.

 El congresista Luis Galarreta (PPC-APP) explicó que el proyecto buscaba evitar que cada Mesa Directiva que asuma el control del Parlamento haga “lo que le venga en gana” con los trabajadores, así como evitar que a un trabajador de nivel 6 sea elevado al nivel 9, sin cumplir con los requisitos curriculares ni ser evaluados.

Consideró que la aprobación del Estatuto era urgente porque se trataba de establecer orden y meritocracia, además de respetar a los trabajadores. En un momento del debate, Otárola Peñaranda demandó no hacer demagogia con el dictamen, y planteó respaldar el documento, elaborado con la participación de los trabajadores, y destinado a evitar que el Congreso sea manejado “como una chacra” por los grupos parlamentarios que asuman su conducción.

La congresista Martha Chávez (CP) se encargó de sustentar el dictamen en minoría, con la propuesta de que en todos los casos, es decir ingreso al servicio parlamentario y habilitación de plazas vacantes, se realice un concurso público de méritos a cargo de una universidad de prestigio, propuesta que fue aceptada por el titular de la comisión dictaminadora e incorporada en el texto sustitutorio aprobado. (JVS)

PRENSA-CONGRESO *

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