El congresista Leonardo Inga Sales (AP) expresó su preocupación por el proyecto de mejoramiento del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz y ofreció total apoyo en las gestiones para destrabar todos los obstáculos que se presenten a fin de que ya se ponga a disposición para beneficioso de la población policial ante la emergencia sanitaria que afronta nuestro país, debido al coronavirus.

Fue el martes 8 durante la sesión de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19, en la que se presentó Luis Alfonso Robas, gerente de control de Megaproyectos (en representación de Nelson Shack Yalta, contralor de la República), quien expuso sobre los servicios críticos y de consulta externa del nosocomio antes en mención.

El funcionario indicó que hay equipos de alta tecnología en la sala de operaciones que a pesar de que están operando necesitan de conectividad para que esté interconectado con la central, toda vez, que no se puede esperar más debido al estado de emergencia que atravesamos.

“Necesitamos un mecanismo oportuno y legal para destrabar y hacer que las pruebas se realicen durante el procedimiento de entrega del hospital. No podemos esperar que todo se interconecte, estamos en una situación de emergencia”, indicó.

En la misma línea, la congresista Jesús Del Carmen Núñez Marreros (Frepap) exhortó al representante de la Contraloría que alcance a los parlamentarios las observaciones del proyecto a fin de que se puedan corregir a la brevedad.

Por su parte, Robas señaló que cuando se firmó el contrato se estableció que previamente a la entrega y a la recepción del proyecto se tenían que hacer las pruebas, por lo que la única salida sería una modificación contractual. “Mientras el contrato establezca lineamientos legales, para el contratista no se puede cerrar el mismo, y no se hace entrega mientras no se haya hecho las pruebas totales”, refirió.

Indicó que el sistema hace que a través de una data center se monitoree el funcionamiento de todo el sistema del hospital y de sistemas eléctricos, que son vitales.

“Si hay una disminución tiene que saltar la alerta inmediatamente, porque podría conllevar al mal funcionamiento de uno de los equipos”, dijo.

VICEMINISTRO DEL MINSA

Por su parte, Gustavo Rosell De Almeida, viceministro de Salud Pública del Minsa, manifestó que se vienen elaborando normas técnicas que permitan implementar mecanismos que están en estudio, evaluación que al inicio de la pandemia no se conocía si eran efectivos.

Rosell fue invitado ante la comisión especial para informar sobre la evaluación que el Gobierno viene haciendo de otros medicamentos contra la COVID-19, complementarios a las vacunas.

El funcionario indicó que entre los medicamentos y ensayos técnicos que han demostrado eficacia en reducir la mortalidad y reducción de los síntomas estuvieron la dexametasona para casos moderados y severos.

Asimismo, indicó que en el caso de los medicamentos que fueron aprobados con autorización de Digemid desde el inicio de la pandemia recién estaban en estudio como la azitromicina (que es un antibiótico), paracetamol, alcohol medicinal de 70. Todos ellos tuvieron en un inicio autorización de parte de esa dirección.

“En el transcurso del tiempo algunos de los medicamentos se ha comprobado que no tienen el efecto que se esperaba e incluso han sido retirados. La Digemid también aprobó las pruebas rápidas, moleculares y autorizaciones excepcionales de plantas de oxígeno. Este trabajo se ha hecho de forma diligente para poder atender a la población sobre todo en los momentos de pandemia donde se necesita la celeridad del caso”, sostuvo.

De la sesión también participaron Carmen Teresa Ponce Fernández, directora general de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), y Carlos Manuel Acosta Saal, Superintendente de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).

OFICINA DE COMUNICACIONES