Por considerar necesario que se sancione a los malos funcionarios que cometen actos irregulares, con mayor razón ahora que sus decisiones pueden poner en riesgo la vida de miles de peruanos afectados y vulnerables al impacto de la pandemia covid-19, miembros de la Comisión de Fiscalización y Contraloría expresaron su total respaldo a que se le devuelva la capacidad sancionadora a la Contraloría General de la República.

“Es urgente que este proyecto se convierta en ley porque sino todo el trabajo que ustedes realizan y no hay sanción prácticamente es una burla”, dijo el congresista Marcos Pichilingue Gómez (Fuerza Popular) al titular de esa entidad Nelson Shack Yalta, quien sustentó la iniciativa legislativa sobre la materia en la sesión virtual que realizó la comisión el miércoles 1 y saludar que la misma se haya considerado en la agenda de sesión.

“Esta decisión de priorizar el tema del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) es muy importante porque se va a generar miles de controles específicos y ahí se van a identificar nombre por nombre al funcionario con sus responsabilidades y la ciudadanía va poder apreciar los informes, el problema va ser que esa sanción muchas veces no llega al funcionario que ha cometido la irregularidad incluso sigue trabajando”, dijo Shack.

Peor ahora -agregó el funcionario- porque desde abril del año pasado la Contraloría no sanciona a nadie, osea cuando se identifica comportamiento disfuncional de trasgresión normativa por parte del funcionario generando grandes perjuicios al Estado, esa sanción la tiene que imponer la propia entidad donde muchas veces está trabajando el funcionario y a veces es el funcionario de confianza, entonces es el mismo jefe quien tiene que sancionarlo.

La congresista Rosario Paredes Eyzaguirre (Acción Popular) estuvo de acuerdo con la iniciativa legislativa, sin embargo, consideró importante que esa potestad llegue a sancionar la ausencia de planes y programas y la negligencia que se tiene en la ejecución de acciones. “Hay municipalidades que recibieron 13 mil soles que no les alcanzó para nada. Estos planes están mal hechos. Tenemos un MIDIS que no tiene padrones. ¿Qué hacen los ministerios?, los que preparan estos programas tiene que ser eficientes”, dijo.

Por su parte, la legisladora Carolina Lizárraga (Partido Morado) preguntó al funcionario la razón por la cual en la propuesta legislativa se elimina la suspensión del funcionario como medida sancionatoria. Shack Yalta explicó que el efecto es similar si se aplica la suspensión de hasta 2 años o la inhabilitación de hasta 5 años y subrayó que el retorno del funcionario a su puesto sólo se da si el trabajador es de planta.

Finalmente, el congresista Otto Guibovich Ateaga (Acción Popular) pidió al presidente de la Comisión de Fiscalización que la propuesta sea aprobada lo mas pronto posible antes de que concluya la legislatura.

El presidente de la comisión, Edgard Alarcón (UPP) expresó su compromiso de que en la próxima sesión se pondrá a debate y votación el proyecto de ley nro. 5283/2020-CGR, mediante el cual se propone la “Ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional y establece medidas para el fortalecimiento de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República”.

REACTIVA PERÚ

En otro momento, varios legisladores expresaron su preocupación por el programa Reactiva Perú toda vez que, según el Contralor General de la República, si la empresa que solicitó el préstamo de hasta 10 millones de soles no cumple con la devoción el Estado tiene que girar el 98% de ese préstamo porque es la garantía del Estado.

“Reactiva Perú generaría un pasivo contingente de casi 15 mil millones de soles porque el resto se va cobrar”, dijo Shack Yallta al tiempo de estimar un escenario de riesgo del 25 % de la cartera en un escenario extremo que podría darse a partir de los años 2022-2023.

“Nuestra función es corregir para ver la forma que este programa de garantías no genere un perro muerto como ya tenemos antecedentes del pasado”, dijo por su parte el congresista Jorge Meléndez Celis (Alianza Para el Progreso) al tiempo de advertir que los 15 mil millones de soles es la inversión del 2020 de los gobiernos regionales y locales.

Dado que se ha destinado 60 mil millones -30 mil millones a Reactiva Perú 1 y otros 30 mil millones a Reactiva Perú 2- el contralor recomendó que COFIDE, que es la institución que decide inicialmente la cartera de créditos, mejore sus sistemas de supervisión con la implementación plataformas.

“Si es un programa que trata de inyectar liquidez para que se cumplan las obligaciones con los trabajadores nos convendría evaluar que una empresa que hace suspensión perfecta no le den este programa porque no se esta cumpliendo con su finalidad”, dijo.

Por su parte, la congresista María Retamozo Lezama (Frepap) opinó que se ha desnaturalizado el propósito del
programa que había sido pensado para ayudar a los pequeños negocios y a sus trabajadores y aludió a una posible responsabilidad del propio gobierno al dictar sus normas. “El Fiscal José Domingo Pérez ha señalado que lo de Reactiva Perú es un escándalo en relación a que se beneficiaron a empresas que estarían vinculadas a Lava Jato” dijo la legisladora.

TABLETS PARA CLASES VIRTUALES

Sobre este tema, el contralor dijo que es necesario conocer las instituciones educativas donde no hay operatividad para las telecomunicaciones porque no se trata de comprar la tablet y regalarla, sino de que funcione y para eso se necesita internet.

“Hay 4 operadores de internet y hay áreas que ellos no cubren y eso es un riesgo entonces hay que saber cuál es el plan para que los operadores puedan llegar a esas zonas”, dijo.

Por su parte, el congresista José Pérez Mimbela (Alianza Para el Progreso) observó que más de 2 millones de peruanos no cuentan con electricidad en las zonas más alejadas de Perú y pidió que la comisión convoque al ministro de Educación para que informe sobre este particular, toda vez que, el gobierno destinó 930 millones de soles para la adquisición de más de un millón de tablets, 250 mil cargadores solares y planes de datos en casi 28 mil colegios a nivel nacional.

CANASTAS BÁSICAS FAMILIARES

Respecto de la entrega de las canastas de víveres, el contralor dijo que alrededor de 6 mil 500 funcionarios públicos habrían recibido canastas de víveres cuando la idea es apoyar a quien más lo necesita y aseguró que en este segundo semestre del año se inicia el control posterior o específico para hacer el deslinde de responsabilidades porque ya se tiene -con todos los controles- que hay irregularidades.

“Inicialmente se hablaba mil 111 funcionarios públicos que recibieron canastas, hace un mes esa cantidad subió a 4 mil 200 y ahora 6 mil 500. Se encontró a 680 personas, funcionarios públicos, CAP, de planta, que ganan más de 3 mil soles neto que se abona a sus cuentas de las entidades del gobierno nacional y regional y ahorita ya hay casi mil funcionarios que han recibido canasta”, informó Shack Yalta.

Cabe indicar que se distribuyeron 2 millones y medio de canastas a un costo de entre 80 a 100 soles.

CITAN A MINISTRA MINEM
Antes de levantar la sesión, la Comisión acordó citar para el próximo miércoles 8 a la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca Achata, y al director de PerúPetro, a fin de que se refieran a la problemática de los pozos petroleros en Ucayali. También se invitará a consejeros regionales de Áncash y Arequipa.

Lima, 1 de julio de 2020

PRENSA-CONGRESO