CONGRESISTA PEREZ TELLO PIDE PRONTA APROBACIÓN DE REFORMA DE CÓDIGO PENAL

Centro de Noticias del Congreso

26 Feb 2016 | 17:52 h

La congresista Marisol Pérez Tello (PPC-APP) invocó el viernes 26 al Parlamento Nacional a decidir si se vota y aprueba el proyecto de reforma del Código Penal o aprueba por separado la implementación del Estatuto de Roma, las normas de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

“Empezar nuevamente el debate sobre el tema en el próximo quinquenio es una falta de responsabilidad política. No podemos continuar con un Código Penal parchado, que contiene normas que no son claras”, expresó la parlamentaria, quien aclaró que las normas se aplican -porque son complementarias-, pero que se saltan el plano nacional y se van a la Corte Internacional. “Eso es una vergüenza”, expresó.

Asimismo, destacó que hay conceptos que no están debidamente tipificados, como desaparición forzada, tortura, entre otros, lo cual puede conducir a errores. De igual manera, dijo que con el actual Código Penal se puede sancionar en forma no proporcional casos como el de la mujer que golpeó a un policía. “A la autoridad se le respeta, pero ponerle siete años de cárcel es un exceso”, comentó.

De otro lado, criticó la eliminación del marco normativo para el accionar de las Fuerzas Armadas en la zona del VRAEM y Echarate, con lo cual se estaría combatiendo a estos sectores de igual manera como se estaría haciendo con la delincuencia en el Callao, llevada a cabo por la Policía Nacional del Perú.

“Creo que hay que tomar algunas decisiones”, expresó y recordó que en diciembre del año pasado se publicó el DS N° 085 que delimita el ámbito de actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en las zonas del VRAEM y Echarate, que se encuentran en emergencia.

Dijo que dicha norma dispone que la Policía Nacional del Perú asume el control del orden interno en esas jurisdicciones y que las Fuerzas Armadas reorienten su misionamiento a contrarrestar el accionar de los remanentes terroristas.
Señaló que el DL 1095 establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y dispone que la única aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) supone una declaratoria de estado de emergencia que les encargue el control de orden interno, como venía ocurriendo en esas zonas.

“Al encargarle el orden interno a la PNP se elimina en la práctica la posibilidad de aplicación de que el DIH se aplique en los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el autodenominado ‘Militarizado –Partido Comunista del Perú’”, anotó.
“Esta es la razón por la cual la misión de contrarrestar el accionar de los remanente terroristas, atribuidas a las FFAA tendría que enmarcarse en el derecho internacional de los derechos humanos, más restrictivo en lo concerniente a la posibilidad de usar la fuerza”, anotó.

La congresista hizo estas apreciaciones durante la mesa de trabajo denominada “Implementación del Estatuto de Roma en el Perú, tras 15 años de ratificación”, en la que participaron destacados expertos en esa materia, Héctor Olasolo Alonso, presidente del Instituto Ibero Americano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Militar.

También, Michelle Reyes, coordinadora regional para las Américas de la Coalición para la Corte Penal Internacional y la fiscal Luz María Ibañez, quien se encargó de acusar a Abimael Guzmán durante el denominado ‘Megaproceso’.
Asimismo, representantes de las Fuerzas Armadas, del Centro de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Comité Internacional de la Cruz Roja, y de la Comisión de Derechos Humanos.

Lesa humanidad

Ibañez Carranza anunció que, por primera vez, se formulará en el país una denuncia por lesa humanidad contra el exlíder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, por el caso Soras o ‘Caravana de la muerte’ ocurrido en 1984 en Ayacucho.
Pérez Tello saludó esta decisión para enjuiciar un caso en el que 117 personas fueron víctimas de las huestes terroristas. La denuncia, dijo, será bajo los principios de imprescriptibilidad y no impunidad, lo que antes no se podía hacer por la falta de recursos legales contra este tipo de delitos no contemplados en el Código Penal. MED).

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De igual manera, dijo que con el actual Código Penal se puede sancionar en forma no proporcional casos como el de la mujer que golpeó a un policía. “A la autoridad se le respeta, pero ponerle siete años de cárcel es un exceso”, comentó.
De otro lado, criticó la eliminación del marco normativo para el accionar de las Fuerzas Armadas en la zona del VRAEM y Echarate, con lo cual se estaría combatiendo a estos sectores de igual manera como se estaría haciendo con la delincuencia en el Callao, llevada a cabo por la Policía Nacional del Perú.
“Creo que hay que tomar algunas decisiones”, expresó y recordó que en diciembre del año pasado se publicó el DS N° 085 que delimita el ámbito de actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en las zonas del VRAEM y Echarate, que se encuentran en emergencia.
Dijo que dicha norma dispone que la Policía Nacional del Perú asume el control del orden interno en esas jurisdicciones y que las Fuerzas Armadas reorienten su misionamiento a contrarrestar el accionar de los remanentes terroristas.
Señaló que el DL 1095 establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y dispone que la única aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) supone una declaratoria de estado de emergencia que les encargue el control de orden interno, como venía ocurriendo en esas zonas.
“Al encargarle el orden interno a la PNP se elimina en la práctica la posibilidad de aplicación de que el DIH se aplique en los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el autodenominado ‘Militarizado –Partido Comunista del Perú’”, anotó.
“Esta es la razón por la cual la misión de contrarrestar el accionar de los remanente terroristas, atribuidas a las FFAA tendría que enmarcarse en el derecho internacional de los derechos humanos, más restrictivo en lo concerniente a la posibilidad de usar la fuerza”, anotó.
La congresista hizo estas apreciaciones durante la mesa de trabajo denominada “Implementación del Estatuto de Roma en el Perú, tras 15 años de ratificación”, en la que participaron destacados expertos en esa materia, Héctor Olasolo Alonso, presidente del Instituto Ibero Americano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Militar.
También, Michelle Reyes, coordinadora regional para las Américas de la Coalición para la Corte Penal Internacional y la fiscal Luz María Ibañez, quien se encargó de acusar a Abimael Guzmán durante el denominado ‘Megaproceso’.
Asimismo, representantes de las Fuerzas Armadas, del Centro de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Comité Internacional de la Cruz Roja, y de la Comisión de Derechos Humanos.
Lesa humanidad
Ibañez Carranza anunció que, por primera vez, se formulará en el país una denuncia por lesa humanidad contra el exlíder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, por el caso Soras o ‘Caravana de la muerte’ ocurrido en 1984 en Ayacucho.
Pérez Tello saludó esta decisión para enjuiciar un caso en el que 117 personas fueron víctimas de las huestes terroristas. La denuncia, dijo, será bajo los principios de imprescriptibilidad y no impunidad, lo que antes no se podía hacer por la falta de recursos legales contra este tipo de delitos no contemplados en el Código Penal. MED).

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