El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el informe final expuesto por la congresista María Taype Coronado (PL) presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, sobre el origen del derrame de crudo de petróleo ocurrido el 15 de enero de 2022 en el norte de Lima, el cual concluye que la principal responsabilidad recae en la empresa Refinería la Pampilla S.A.A. (RELAPASAA), haciéndose extensiva al Grupo Económico Repsol.

El  informe establece que la descarga del producto no se realizó bajo los parámetros de presión que se establece en la normativa vigente, por lo cual existió una mala práctica durante las operaciones logísticas de descarga. Asimismo, se concluye que la ruptura del PLEM, lo cual originó el derrame, no fue producto de las condiciones climatológicas, ya que no se registraron variantes considerables, incluso se expone que no se realizaron las pruebas de ultrasonidos que se requieren durante los años 2021 y 2022.

Taype Coronado (PL) añadió que el desastre medioambiental afectó de manera irreparable el ecosistema  y a las personas que se dedicaban pesca artesanal, además de las múltiples actividades ligadas al litoral.

El documento aprobado también recomienda remitir de inmediato el informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para evaluar la conducta funcional de quienes fueron en ese momento jefes del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez Chuquilín y Aníbal Torres Vásquez.

Además de trasladarlo al Ministerio Público para que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental lo evalúe e identifique las responsabilidades de los funcionarios públicos y privados por los  daños causados en materia ambiental.

Por su parte, la legisladora Margot Palacios (PL) expresó que el informe grafica el grave daño causado por el derrame de los 12 mil barriles de petróleo. Su colega de bancada, Kelly Portalatino (PL) señaló que la aprobación del informe reivindica los derechos fundamentales de la población afectada y exigió que la empresa Repsol pague la indemnización impuesta por Indecopi, la cual asciende a 4500 millones de dólares.

En otro momento del debate, el congresista Carlos Anderson (No Agrupado) lamentó que el Poder Ejecutivo, liderado en ese momento por Pedro Castillo, no haya estado a la altura de las circunstancias para defender al estado del ecocidio. Lo cual fue secundado por el parlamentario Arturo Alegría (FP) quien lamentó que el informe no incluya las responsabilidades de los funcionarios que no cumplieron con su labor.

El congresista José Pazo (SP) solicitó dar una señal a las diversas empresas transnacionales que actúan de espalda a la normativa con la aprobación del informe. Asimismo, Luis Ángel Aragón (AP) enfatizó que existe un informe elaborado por expertos de la ONU, que señala que la costa central del Perú estará afectada por un periodo de 10 años, por lo cual debe sancionarse penal y administrativamente a los responsables.

La legisladora Adriana Tudela, de Avanza País,  solicitó que las recomendaciones del informe, se ciñan a las atribuciones del Congreso de la República, por lo cual propuso variar la redacción de alguna de ellas.

Fueron noventa congresistas quienes expresaron su voto a favor del informe y veinte votaron en abstención.

OFICINA DE COMUNICACIONES