Bajo la presidencia de la congresista Rosa Bartra Barriga, la Comisión  Permanente del Congreso, en su breve sesión del miércoles 16, ratificó la  improcedencia de seis informes de calificación que fueron presentados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

            De otro lado, con votación nominal rechazó con nueve votos el informe de calificación que declaraba la procedencia de una denuncia constitucional en contra del magistrado del Tribunal Constitucional Oscar Urviola; y se pronunció a favor (17 votos) del informe que declara la procedencia de la denuncia que presentó el ex congresista Mesías Guevara contra el ex fiscal supremo Carlos Ramos Heredia.

            La denuncia contra Urviola Hani fue presentada por el señor Aníbal Altivez Morales por la presunta infracción constitucional del artículo 39 de la Constitución y por la supuesta comisión de los delitos contra la libertad de trabajo.

            Altivez Morales trabajó como asesor del Tribunal Constitucional,  pero fue repuesto en marzo de este año, según dio a conocer el congresista Javier Velásquez Quesquén, quien, al pedir la palabra, se pronunció en contra de la procedencia de la acusación.

            Explicó que los procedimientos de la subcomisión son extraordinarios y solo proceden por delitos de infracción a la Constitución y que el despido o reposición de un trabajador escapaba de esta responsabilidad.

            En el mismo sentido se pronunciaron Mauricio Mulder y Víctor García Belaunde. El primero de ellos recordó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es un grupo de la Comisión Permanente y que los integrantes de esta última pueden discrepar de un informe de calificación y estar de acuerdo o rechazarlo con el voto.

            Dijo que la CP no era una mesa de partes y que él no veía un delito de infracción constitucional. Además, el haber citado como razón el artículo 39 de la Carta Política era una calificación equivocada.

            García Belaunde opinó que “no se podía aceptar un delito como ese”, refiriéndose a la negativa de reposición laboral, como tampoco podría denunciarse a la presidencia del Congreso o del Poder Judicial por un despido laboral.

            Lourdes Alcorta dijo también que se trataba de un tema laboral, que no encontraba motivo para una acusación y que podía archivarse.

            Por su parte, la congresista y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Karina Beteta, dijo que solo se había pedido un plazo de 15 días de plazo de investigación y se vería luego de la investigación su procedencia o archivamiento. Se trataba de continuar el procedimiento que establece el Reglamento del Congreso, y que tampoco podía adelantar opinión sobre el tema.

Puesto al voto por la presidencia, se rechazó el informe con nueve votos en contra. Hubo ocho votos a favor y tres abstenciones.

IMPROCEDENCIAS

Las improcedencias de los informes de calificación fueron sobre seis denuncias que hicieron varios ciudadanos en contra de magistrados del Tribunal Constitucional y el juez supremo Enrique Mendoza Ramírez, por supuesta infracción a la Constitución Política.

PRENSA CONGRESO