La Comisión Permanente aprobó, por 14 votos a favor y 6 en contra, la conclusión del informe final de las denuncias constitucionales 547 y 575 con la relación al exministro del Interior, Willy Huerta Oliva, que concluye acusarlo por infracción a la Carta Magna e inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública por diez años.

Durante la sesión, el denunciado participó de manera virtual a través de la plataforma Teams; no obstante, no hizo uso de su derecho a la defensa.

El primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, recordó que la citación había sido reprogramada por única vez a pedido del propio denunciado. Al encontrarse presente sin intervenir, se procedió con la sustentación, el debate y la votación correspondiente.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (Bancada APP), sustentó el informe final indicando que Huerta Oliva sostuvo reuniones en el Despacho Presidencial los días 1, 3, 4, 5 y 6 de diciembre de 2022, es decir, antes del golpe de Estado producido el 7 de diciembre.

Asimismo, precisó que el exministro ingresó al Despacho Presidencial antes del inicio del mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022, permaneciendo en el lugar tras su lectura. Desde allí habría transmitido órdenes del entonces presidente Pedro Castillo para reforzar la seguridad en los domicilios de los padres del mandatario, de Betssy Chávez y de Aníbal Torres.

De igual forma, habría facilitado su teléfono celular al expresidente para que este se comunique con el entonces comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro Alvarado, con el fin de darle instrucciones para cerrar el Congreso e intervenir a la fscal de la nación, asegurando que el denunciado brindaría la justificación para tales acciones.

Tras estos hechos, Huerta Oliva se retiró de Palacio de Gobierno y presentó su renuncia al cargo a las 13:31 horas del mismo día.

El informe precisa que su objetivo no es determinar responsabilidad penal (atribución que corresponde al Poder Judicial), sino establecer si las acciones del denunciado acreditan apoyo a las medidas anunciadas por el entonces presidente Castillo en su mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022.

En esa línea, el informe concluye que Huerta Oliva no actuó en defensa de la Constitución y, por el contrario, facilitó comunicaciones e instrucciones contrarias al orden constitucional.

Se determinó que el exministro incurrió en infracción de los artículos 2 (incisos 11, 12 y 24.f), 38, 39, 45, 46, 51, 90, 93, 102, 104, 126, 128, 134, inciso 1 del artículo 137, 138, 146, 150, 158, 159, 201 y 206 de la Carta Magna.

El informe recuerda que el artículo 100 de la Constitución faculta al Congreso a suspender, destituir o inhabilitar hasta por diez años a los altos funcionarios acusados por infracción constitucional.

En atención a la gravedad de los hechos y a las consecuencias que habría generado su ejecución, la Comisión Permanente aprobó imponer la inhabilitación por el máximo periodo establecido.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL