El Pleno del Congreso continuó por la tarde el debate del dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, durante el cual se solicitó un cuarto intermedio -para evaluar los pedidos de los congresistas-hasta el viernes 28 de noviembre a las 10 a. m.

Durante la sesión, legisladores de diversas bancadas exigieron que el Poder Ejecutivo incorpore las urgencias sociales pendientes e impulsaron múltiples ajustes para financiar obras de desarrollo y atender demandas laborales acumuladas en varias regiones.

En esa línea, el parlamentario Alfredo Azurín (bancada SP) planteó que el Pleno incorpore una nueva estructura remunerativa para técnicos y suboficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El legislador recordó que el incremento “fue iniciativa y promesa presidencial” y pidió modificar el artículo 19 del Decreto Legislativo 1132. Precisó que el grado de técnico jefe superior debe equivaler al 38,06% de la remuneración consolidada de los grados de general de división, vicealmirante o teniente general. Sostuvo que el ajuste reconoce “la larga permanencia en servicio” y la necesidad de asegurar una carrera “digna, motivadora y coherente”.

Desde otra línea, Martha Moyano (bancada FP) demandó priorizar inversiones y reclamó incluir el CUI 237818 vinculado al mejoramiento del agua y riego en Santa María de Chimo, en Andahuaylas. Precisó que los códigos únicos de inversión deben “sincerarse, ordenarse y priorizarse” porque varios sectores mantienen listados inconclusos y sin jerarquización clara.

En materia universitaria, José María Balcázar (bancada PL) solicitó financiar las 20 universidades creadas por la Ley N.° 32461, al señalar que ninguna aparece considerada en la propuesta remitida por el Ejecutivo. Indicó que cada institución requiere “un promedio de cuatro millones para implementar la comisión organizadora” y garantizar su inicio formal.

Un reclamo similar expuso Alex Flores (Bancada Socialista), quien pidió al MEF disponer modificaciones presupuestarias por hasta tres millones de soles a fin de asegurar la implementación inicial de la Universidad Nacional Autónoma Bicentenario del Perú, destinada a Parinacochas y Coracora. “Solicito al Ministerio de Economía realizar las modificaciones necesarias”, afirmó.

Por su lado, Nieves Limachi (bancada JPP-VP-BM) transmitió la preocupación de Tacna y exigió culminar hospitales, carreteras y renovaciones de redes de agua y desagüe, además de solicitar el nombramiento del 100% del personal de salud.

Las demandas sectoriales continuaron con la intervención de Heydi Juárez (bancada PP), quien exigió también el nombramiento total de profesionales y técnicos asistenciales del sector Salud, conforme a la disposición complementaria final de la Ley N.° 31638.

A la par, la vocera de Somos Perú, Ana Zegarra, requirió aprobar el monto y la escala del incentivo único CAFAE para las unidades ejecutoras de Salud del Gobierno Regional de Loreto.

En cuanto a infraestructura municipal, Miguel Ciccia (bancada RP) propuso medidas para liberar interferencias en los proyectos de inversión pública ejecutados por la Municipalidad Metropolitana de Lima e insistió en la creación del servicio de movilidad urbana del distrito de La Molina vinculado al CUI 2677970.

A su turno, José Cueto (bancada HyD) advirtió un riesgo crítico para la autoridad marítima nacional. Señaló que la vigesimosexta disposición complementaria del proyecto presupuestal “impediría que DICAPI incorpore los recursos provenientes de la Autoridad Portuaria Nacional”, pese a que dichos ingresos financian operaciones esenciales como la protección de la vida humana en el mar, la administración de áreas acuáticas y el combate a actividades ilícitas. Sostuvo que la redacción del Ejecutivo desconoce los depósitos que la APN transfiere por concesiones portuarias y que suman más de 30 millones de soles.

José Arriola (bancada PP) pidió que el Ejecutivo considere los requerimientos expuestos por alcaldes y dirigentes, al señalar que “todo lo que estamos oralizando” responde a solicitudes directas de la población. Cuestionó que en el presupuesto anterior no se incorporaran en los anexos los aportes presentados y añadió nuevos CUI para su región.

Por su parte, Magaly Ruiz (bancada APP) advirtió un desbalance presupuestal en La Libertad. Afirmó que, aunque el Gobierno Regional registra un incremento del 12.8%, los gobiernos locales sufren una reducción de 3.2%, lo que —según dijo— limita su capacidad para ejecutar obras urgentes.

La vocera de Renovación Popular, Norma Yarrow, centró su intervención en la falta de acceso al agua en zonas vulnerables y solicitó destinar parte de los S/ 115 millones ya asignados al saneamiento para construir pozos y tanques de emergencia. “Existe un alto porcentaje de familias sin agua, por lo cual solicito que se considere este presupuesto dentro del ejercicio 2026”, expresó.

De igual modo, Rosselli Amuruz (bancada AvP) reclamó garantizar la ejecución del Fondo de Invalidez y Protección de los Bomberos Voluntarios, creado en 2017. Recordó que la subvención única permite atender a bomberos accidentados y a sus familiares directos. Asimismo, Héctor Valer planteó modificar el artículo 2 de la Ley N.° 32131 para fortalecer unidades ejecutoras de la Policía Nacional y pidió aprobar una nueva escala de ingreso para los trabajadores de la Academia de la Magistratura.

El congresista Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso, solicitó ajustes normativos y mejoras para el personal estatal. “Quiero que se incorpore en el texto la revisión de actos emitidos sobre bienes y muebles que se va a presentar. Además, la aprobación de ingresos del personal en montos fijos y específicos también dentro del texto”, explicó.

Tras la culminación del debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, informó que durante la jornada se presentaron numerosas propuestas para modificar las leyes de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero. Señaló que varias iniciativas buscan financiar inversiones que cierren brechas regionales, lo que exige una revisión técnica profunda del MEF y del Congreso. En ese sentido, indicó que el análisis debe ser responsable y respetar las reglas fiscales y el artículo 79 de la Constitución, que señala que el Congreso no tiene iniciativa de gasto.

Por ello, Alejandro Soto solicitó realizar una evaluación concienzuda de todo lo expuesto y pidió un cuarto intermedio hasta el viernes 28 de noviembre a las 10 a. m.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL