La Comisión Investigadora “Lava Jato” convocó en la mañana de hoy martes al economista Juan Mendoza Pérez para que informe, en su criterio, la estructura, efectividad y cómo mejorar el Decreto de Urgencia 003-2017 que permite asegurar la continuidad de los proyectos de inversión y cautelar el pago de la reparación civil al Estado por parte de las empresas que son investigadas por ese grupo.

Los congresistas Mauricio Mulder y Karina Beteta coincidieron con el profesional en que la medida dictada por el Poder Ejecutivo es, en la práctica, inaplicable y en el peor de los casos inefectivo porque “tiene una estrategia equivocada en la lucha contra la corrupción”, si ese hubiera sido el objetivo de su dación, según Mendoza.

Explicó en la comisión, que el citado DU complica los ingresos y la cadena de pagos de las empresas que están siendo investigadas por el Ministerio Público y no garantiza tampoco el resarcimiento económico alguno y menos la reparación civil, que es un estimado de lo que va a recibir el Estado. Aseguró que esta reparación debe ser proyecto por proyecto y no una estimación global.

EL DU 003-2017 se aplica a personas jurídicas que han sido condenadas con sentencia consentida por delitos contra la administración pública o por lavado de activos, a aquellas que tengan participación de un 10% o más en dichas empresas y que ejerzan un control o participación en grupos económicos. La medida legal suspende los derechos de transferir al exterior las regalías e intereses y se aplica hasta que se pague la reparación civil, entre otras disposiciones que, afirmaron los congresistas señalados, no establece procedimientos justos y por lo tanto es inaplicable.

Por su parte, el congresista Jorge Castro Bravo dijo que también estaba en contra de esta inaplicabilidad y cuestionó que el gobierno no haya actuado en forma rápida para su aplicación, lo que ocasiona que el Estado pierda dinero y no haya parámetros definidos para establecer la reparación civil.

En sus respuestas, Juan Mendoza dijo que hay otras medidas que pueden aplicarse como los embargos y medidas cautelares a las empresas que están siendo investigadas y que le sorprendía la lentitud del proceso.

Dudó, incluso, que pueda haber una reparación civil por parte de la empresa brasileña OAS por el megaproyecto conocido como ‘Línea Amarilla  y que con Odebrecht podría ocurrir algo igual. A ello se sumará un daño mayor al Estado y esto tiene que ver también con la debilidad de las instituciones políticas en los últimos 30 años.

Mendoza aseguró, en otro momento, que las obras Interoceánica Sur y el Gasoducto del Sur tuvieron expedientes mal hechos y han sido obras que han perjudicado al Estado peruano. No se sabe, comentó, cómo el Gasoducto del Sur no tuvo desde el 2008 ingresos garantizados y que, en su lugar, ha tenido hasta el año 2014 un costo de ejecución de 7,300 millones de dólares. Durante ese periodo, el Estado tampoco ha cobrado ninguna carta fianza por incumplimiento de contrato. Sugirió que la comisión investigue también a empresas peruanas asociadas con Odebrecht y a las que operan en el Brasil.

En la ronda de intervenciones, el congresista Mulder comentó que “en términos reales” no está pasando nada en el caso Odebrecht. Por qué el gobierno, preguntó, demora tanto en aplicar medidas drásticas y expeditivas. ¿Qué puede haber detrás?, interrogó.

Karina Beteta reclamó que no haya colaboración de las empresas jurídicas investigadas y señaló que el proyecto de ley que ella ha propuesto es para llenar los vacíos legales del DU 003 porque es inefectivo.

La defensa de la norma estuvo a cargo del congresista oficialista Gino Costa, quien dijo que el DU 003 sí ayudaba a poner un alto al abuso de las empresas, que se trata de una respuesta a un caso inédito de corrupción (de las empresas constructoras) y que no es una estrategia equivocada por parte del gobierno para proteger los ingresos del Estado. Si no hay otra medida para qué deshacerse del decreto de urgencia, expresó.

Por último, el economista Mendoza Pérez informó a la presidencia de la comisión que alcanzará el estudio que está haciendo sobre estos temas y, en respuesta a los comentarios del congresista Gino Costa, expresó que es necesario que se modifique el DU 003 y se precise los mecanismos de retención a las empresas brasileñas investigadas, como la asignación de los pagos al fideicomiso, sobre las ventas simuladas y precios subvaluados y los parámetros sobre la venta de las empresas, entre otros (O/M/C).

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