Con cargo a redacción, fue aprobada la propuesta que plantea una ley de protección integral a las personas defensoras de derechos humanos y ambientales en contra de amenazas, agresiones y asesinatos.

Fue durante la sesión conjunta de la Comisión de Pueblos Andinos y de la Comisión de Justicia y Derechos humanos, realizada esta mañana.

En efecto, mientras el primer grupo de trabajo aprobó por ocho votos a favor y dos en contra el dictamen que recoge las iniciativas 02069/2021-PE y 04686/2022-CR, la otra comisión acordó archivarlo por 11 votos en contra y 10 a favor.

Las iniciativas del Poder Ejecutivo y de la congresista Elizabeth Taipe Coronado (PL), respectivamente, fueron ampliamente debatidas por los integrantes de ambas comisiones.

De acuerdo con la propuesta, se busca establecer un marco normativo para la efectividad de la protección de las personas defensoras de derechos ambientales, con la finalidad de asegurar que sus derechos se encuentren plenamente resguardados por parte del Estado. Asimismo, tiene como finalidad propiciar un entorno seguro para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y ambientales. Del mismo modo, busca reconocer y proteger el rol fundamental de las personas defensoras en la promoción de la democracia y los derechos fundamentales.

El ámbito de aplicación comprende a toda persona natural o jurídica que, de forma individual o colectiva, promueva o defienda pacífcamente los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales o ambientales; los de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas y de las comunidades nativas.

También los derechos vinculados a la protección del ambiente, territorio y de los recursos naturales.

EL DEBATE

Taipe Coronado dijo que el Perú es uno de los países de América Latina donde los asesinatos de los defensores ambientales ocupan los primeros lugares. El congresista German Tacuri Valdivia (BMCN), coincidió con esta opinón.

La congresista Ruth Luque Ibarra (BDP) dijo que es importante un marco legal sobre el tema, pero consideró necesario definir las categorías, porque los defensores ambientalistas los más afectados.

Por su lado, el parlamentario Alejandro Muñante Barrios (RP) sostuvo que la propuesta contiene a otros defensores que no son los ambientalistas, que incluye – incluso- a abortistas en contra de los derechos humanos de otras personas, y que además se estaría “sacando la vuelta a la ley de la supervisión de las ONG aprobada la semana pasada”. Similar opinión tuvo la legisladora Gladys Echaíz (HyD).

La Comisión de Justicia fue dirigida por su presidente Isaac Mita Alanoca (PL); y la de Pueblos Andinos por su vicepresidente, Jaime Quito Sarmiento (BS)-

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