La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que preside el congresista Alejandro Soto Reyes (APP), aprobó por mayoría el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 10997/2024-CR, que autoriza modificaciones presupuestarias a fin de contribuir a mejorar los servicios que brindan las universidades públicas.

Esta iniciativa responde a una necesidad recurrente en la gestión presupuestaria universitaria. Las universidades públicas han manifestado reiteradamente las dificultades que enfrentan debido a las restricciones normativas vigentes, las cuales limitan la posibilidad de reorientar los saldos disponibles de partidas de gasto corriente hacia otras necesidades urgentes, tales como mantenimiento, equipamiento, servicios básicos o infraestructura educativa.

El dictamen incorpora los alcances planteados por el congresista Waldemar Cerrón Rojas (PL), referido al incremento de remuneraciones de los docentes universitarios, considerando que existen los saldos presupuestales necesarios para cubrir la demanda y se cuenta con la opinión favorable del sector.

Asimismo, se recogieron las propuestas del congresista Alex Paredes Gonzales (SP) sobre la categorización de docentes de institutos pedagógicos y la modificación de los porcentajes para las categorías 1, 2 y 3 de los docentes de institutos tecnológicos, toda vez que se dispone del saldo presupuestal correspondiente y la opinión favorable del Ministerio de Educación.
El titular del grupo de trabajo explicó que la propuesta busca reordenar el presupuesto de las universidades públicas con el objetivo de optimizar su ejecución, precisando que no se afectará el presupuesto del Ministerio de Educación correspondiente al presente año ni al ejercicio fiscal 2026.

“Se trata de un reacomodo de los saldos de balance que las propias universidades mantienen”, manifestó.

Esta medida beneficiará directamente al conjunto de universidades públicas del país, así como a su comunidad estudiantil y docente, al contribuir con la mejora de las condiciones para la enseñanza, la investigación y la prestación de servicios complementarios.

OTROS ACUERDOS

La comisión también aprobó por unanimidad inhibirse en el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 11911/2024-CR, que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la culminación de la construcción del Hospital Ernesto Germán Guzmán Gonzáles, ubicado en la provincia de Oxapampa (Pasco).

Se determinó que el texto normativo no contiene disposiciones que incidan directamente sobre aspectos presupuestarios, por lo que corresponde su evaluación a las comisiones competentes en materia de salud pública e infraestructura hospitalaria.

Asimismo, aprobó inhibirse en el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 9791/2024-CR, que autoriza la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA). Se precisó que la creación de facultades y escuelas profesionales constituye un asunto vinculado a la política nacional educativa, por lo que su análisis compete a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.

SUSTENTACIÓN PRESUPUESTAL DE JNJ

En la misma sesión, se presentó el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Augusto Ríos Patio, quien sustentó el presupuesto asignado a su institución para el año fiscal 2026. Informó que el sistema de justicia nacional cuenta con 12,151 magistrados (3,714 jueces y 8,437 fiscales), distribuidos en 34 distritos judiciales y fiscales del país. No obstante, destacó que persisten importantes brechas de titularidad, pues solo el 42 % de los jueces y el 32.9 % de los fiscales son titulares.

Respecto a su presupuesto, precisó que el PIA 2024 fue de 47 millones de soles, mientras que para 2025 asciende a 45 millones, y el proyecto 2026 registra un incremento de 1.6 %, alcanzando 46 millones 369 mil 174 soles.

Durante el debate, el congresista Miguel Ciccia Vásquez (RP) destacó la necesidad de que la JNJ elabore un plan integral para reducir la provisionalidad judicial y fiscal, proponiendo medidas que fortalezcan la estructura institucional y laboral del sistema de justicia.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL