Por mayoría, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos acordó no reiterar su solicitud a la Fiscalía de la Nación para que haga llegar el texto completo del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz celebrado con la constructora Odebrecht.

Fue después de debatir si el Congreso tiene autoridad o no para conocer el documento o si este debe ser solicitado por ser de carácter reservado.

La titular de la comisión, Leslye Lazo Villón (AP), informó que tanto la Fiscalía de la Nación como el Poder Judicial concluyeron -ante un pedido realizado en ese sentido- que el referido acuerdo es de naturaleza reservada, por lo que no era posible atender al pedido formulado.

La legisladora dijo estar a la espera del pronunciamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Empero, hizo dar lectura a los artículos del Reglamento del Congreso en los que se señala que no hay atribución de los parlamentarios al solicitar documentos de procesos en trámite, salvo que sean públicos o el juez o los fiscales accedieran al requerimiento.

El caso tuvo lugar frente a la solicitud de la congresista Martha Chávez Cossio (FP), después de una votación que, por mayoría, dio pase a su admisión en ampliación de agenda.

La legisladora dijo que lo hace por una cuestión de transparencia y para que no quede como un secreto que dos fiscales celebren una serie de compromisos importantes para la administración de justicia en el país. Además, de pagos como el de 524 millones de soles.

“Lamentablemente, esto no ha derivado en una investigación fiscal del por qué el procurador y los fiscales han pretendido favorecer a la empresa Odebrecht, a la que solo se le encuentra responsable de delitos menores, a diferencia de otros países, con mayores cargos, inclusive de organización criminal”, afirmó.

Por su lado, la congresista Rocío Silva Santisteban (FA) sostuvo que el referido acuerdo tiene todas las consideraciones de legalidad y legitimidad en el ordenamiento jurídico peruano.

“Los acuerdos de colaboración eficaz son reservados mientras dure la investigación. Hacerlo público sería violar la ley y afectará la investigación en curso. Además, hacerlo público hace que se corra un alto riesgo de que la información que se pudiera recabar de los colaboradores pueda perder su utilidad, no solo para ese proceso penal, sino para los siguientes”, señaló.

“Si un congresista o un partido político tuviese un vínculo con el caso Odebrecht, debería de abstenerse de formular este tipo de pedido. En ese sentido, puede haber un potencial conflicto de interés”, anotó.

El tema fue llevado al voto y fue el dirimente de la presidenta de la comisión con el que se decidió no reiterar la solicitud.

Sustentan iniciativas

En otro momento de la sesión, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Miguel Ángel Rivera Gamboa, sustentó la propuesta presentada por el Poder Judicial que plantea la modificación del mecanismo de elección del titular de la Corte Suprema de la república y de presidentes de las Cortes Superiores de Justicia.

El magistrado sostuvo que la propuesta aporta transparencia y legitimidad a la elección de las autoridades y la elección no quedaría reducida a un grupo de 18 personas que toma la decisión en forma secreta.

“Esa es una situación que puede despertar suspicacia y opacidad al proceso. Por eso, planteamos que los magistrados deben presentar su candidatura con antelación, así como sus propuestas”, dijo.

Agregó que un proceso cerrado puede generar trascendidos de transacciones y prevalencia e intereses de grupos y personales. “Lo que se quiere es aportar legitimidad y transparencia”, insistió.

Por su lado, la congresista Arlette Contreras Bautista (NoA) fue invitada para exponer su proyecto que propone establecer mecanismos para la prevención, eliminación y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona o grupo social, en el marco de la Constitución Política del Perú.

Dijo de igual manera sucede en los tratados internacionales de los derechos humanos, así como la promoción de políticas públicas de protección y prevención del delito de discriminación por motivos de raza o etnia.

En el desarrollo de la sesión, la congresista María Gallardo Becerra (PP) expuso su propuesta que plantea la adecuación del uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales.

“El racismo es un problema público y no es un problema menor«, dijo al tiempo de proponer la creación de un observatorio nacional contra el racismo y discriminación racial para identificar, asistir, monitorear y sistematizar las denuncias, casos de racismo y discriminación racial que sirvan como información para la implementación de políticas públicas de erradicación de estos males sociales.

La iniciativa modificaría la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional, la Ley Procesal del Trabajo y el artículo 731 del Código Procesal Civil.

También, el congresista Luis Roel Alva (AP) presentó su propuesta que plantea crear el Sistema Nacional Especializado de Justicia Constitucional, para contar con un sistema integrado y especializado de justicia en esa materia a fin de expandir y concretar la protección de la supremacía normativa de la Constitución y los derechos fundamentales.

Más adelante, fueron invitados por la comisión la directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Tania Elizabeth Arzápalo Villón, y el especialista de esa institución, Jimmy Arística Luna, para opinar en torno al proyecto del Poder Ejecutivo que plantea la modificación del Código Civil para la protección de las personas menores de edad, que prohibirá el matrimonio de adolescentes.

Arzápalo Villón dijo que en nuestro país hay una tendencia permanente de matrimonio de adolescentes, en los que uno de ellos es mayor de edad. Indicó que en el 2017 hubo 542 casos, uno de ellos de 13 años de edad; en el 2018, 437 casos; y en el 2019, 496.

Expresó que a consecuencia de esta situación, ocurre la perpetuación de la pobreza, embarazo a temprana edad, conflicto de parejas, violencia de género, entre otros. Sostuvo que esas son las razones planteadas en el proyecto para prohibir el matrimonio en esas condiciones.

PRENSA-CONGRESO