La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó, en su décima sesión ordinaria y por unanimidad, la propuesta de ley para reducir el plazo para la adopción de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en orfandad.

La presidenta del grupo de trabajo, Gladys Echaíz (APP), explicó que con la modificación de los artículos 97, 99 y 100 del Decreto Legislativo 1297 se logrará reducir los procedimientos, que hoy demora entre un año y medio a tres años, para adoptar un niño en nuestro país sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos.

Durante el debate participaron los congresistas Alejandro Muñante (RP), Susel Paredes Piqué (No Agrupados), Ruth Luque Ibarra (JP) y María Cordero Jon Tay (FP).

Así se incluye en el artículo 97 del Decreto Legislativo 1297 que «las observaciones (al proceso de adopción) se subsanan en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, salvo que se requieran actuaciones a cargo de otras entidades, en cuyo caso se podrá extender por diez (10) días hábiles adicionales”.

La comisión parlamentaria también aprobó, por unanimidad, incorporar el grupo y el factor sanguíneo en el Documento Nacional de Identidad. Para ello se modifica el artículo 32 de la Ley 26497, la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Inmediatamente después se resolvió que el Decreto de Urgencia 020-2020 -emitido durante el periodo del interregno parlamentario para modificar el Decreto Legislativo 1071 que norma el arbitraje- cumple con los criterios de control establecidos en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú.

Asimismo, se acordó coordinar con la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas para sesionar de manera conjunta este viernes cuando se presente el ministro del Interior, Avelino Guillén Jáuregui.

La legisladora Noelia Herrera Medina (RP) sustentó el PL 130/2021, que propone modificar el Código Penal y el Código de Ejecución Penal a fin de establecer la pena de cadena perpetua para los delitos cometidos contra la administración pública.

Luego, los congresistas de la comisión parlamentaria atendieron la presentación de la exfiscal Rocío Sánchez Saavedra, quien acusó a la actual titular del Ministerio Público, Zoraída Ávalos Rivera, ante la Junta Nacional de Justicia por su presunta injerencia en el caso Cuellos Blancos.
Sánchez informó que a la fecha tiene seis procesos administrativos disciplinarios y una denuncia penal.

También, se presentó el fiscal supremo, Jesús Fernández Alarcón, quien rechazó que exista algún tipo de interferencia o favorecimiento por parte de las autoridades del Ministerio Público en el referido caso judicial.

OFICINA DE COMUNICACIONES