La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el congresista Flavio Cruz Mamani (PL), aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 03998/2022-CR y 5871/2023-CR, que propone la Ley que modifica la Ley 27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, a fin de regular la autorización notarial de viaje de menores.

El presidente de la comisión sustentó que el texto incorpora un sexto párrafo al artículo 111 del Código de los Niños y Adolescentes para precisar los supuestos en los que procede la autorización notarial unilateral.

Según la redacción presentada, “procede la autorización notarial unilateral cuando se trate de viajes con fines de participación en actividades artísticas o culturales con reconocimiento acreditado, o en actividades científicas y tecnológicas (como ferias, congresos o concursos debidamente acreditados ante el notario), siempre que dichas actividades tengan valor formativo para el desarrollo integral del niño, niña o adolescente”.

El documento fija además la verificación obligatoria por parte del notario de la partida de nacimiento y DNI del menor; el pasaporte vigente; y los boletos de viaje y constancia de itinerario, y prohíbe el uso de la autorización unilateral para cambios de residencia permanente.

Durante el debate, Gladys Echaíz (HyD) advirtió sobre posibles espacios de interpretación. “Creíamos que la norma que habíamos aprobado (anteriormente) era casi completa, ahora vienen con estas peticiones que parecen más una norma procesal que una sustantiva”.

Por su parte, Martha Moyano (FP) expresó su preocupación por la falta de comunicación al otro progenitor.

“Me preocupa que ni siquiera se ponga en conocimiento a la otra parte”. La congresista remarcó la realidad de las tenencias de hecho y propuso que “sí se puede anunciar, aunque se oponga”, con el fin de garantizar que la madre o el padre no requerido esté informado sobre la salida temporal del menor.

Tras las exposiciones, la comisión aprobó por mayoría, con 12 votos a favor y 8 abstenciones, con cargo a redacción y conforme a los aportes de los congresistas.

AGRAVANTES POR CRUELDAD ANIMAL

El grupo de trabajo aprobó con 17 votos a favor y 2 abstenciones y con cargo a redacción, el dictamen recaído en los Proyectos de ley 931/2021-CR, 4395/2022-CR, y otros, que propone la “Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, para incorporar agravantes de actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres”.

El presidente de la comisión sustentó la modificación del artículo 206-A para elevar penas cuando concurran agravantes, como mutilación o inutilidad de órganos, uso de armas, fuego o veneno, ensañamiento, actos de naturaleza sexual, acción conjunta de dos o más personas, registro y difusión de los hechos, o condición del autor (propietario, veterinario, fuerzas del orden u otros custodios). Si el animal muere, la pena asciende a seis a ocho años de prisión, con días-multa e inhabilitación.

José María Balcázar (PL) pidió incorporar soluciones administrativas. Sanciona drásticamente, pero no ofrece una solución. Los municipios inscriben a los animales, realizan fiscalización permanente e incluso llegan a retirarlos. Hay que mejorarlo”.

Isabel Cortez (PP) señaló que “se han recibido quejas, incluso denuncias anónimas; hay personas que abusan sexualmente de sus mascotas”. Respaldó que las municipalidades asuman la retención y custodia de los animales maltratados.

Por su parte, Martha Moyano (FP) sugirió establecer límites razonables de tenencia. “Hay familias que tienen hasta diez perros, los mantienen encerrados para que se vuelvan agresivos. En algún momento, debería indicarse incluso el número de animales que una familia puede tener”.

CUARTO INTERMEDIO

La comisión debatió los proyectos de ley 08247/2024-CR, 09729/2024-CP, 10120/2024-CR, 10734/2024-CR, 12053/2025-CR, 12212/2025-CR, 12293/2025-CR, “Ley que modifica el Decreto Legislativo 1373, Decreto Legislativo sobre Extinción de Dominio, y el Código Penal Decreto Legislativo 635 a fin de perfeccionar el proceso de extinción de dominio”.

El presidente expuso el texto sustitutorio que modifica el Título Preliminar (artículos I, II y III) y los artículos 7, 15, 22, 34 y 41 del DL 1373, incluyendo definiciones como “actividad ilícita”, “bienes abandonados”, “bienes que constituyen instrumento de actividades ilícitas” e “incremento patrimonial no justificado”; precisa los presupuestos de procedencia (art. 7), medidas cautelares (art. 15) —con facultades para el fiscal especializado y custodia de bienes bajo Pronabi—, la audiencia inicial (art. 22), los efectos de la sentencia firme (art. 34) y las causales de nulidad (art. 41).

El texto incorpora además el artículo 36-A para la restitución del bien o indemnización cuando media sentencia penal absolutoria, con plazos máximos de 30 días para devolver bienes o 120 días para indemnizar, y modifica el Código Penal (artículos 102, 108-C y 179) para precisar decomisos, agravar el sicariato “para facilitar u ocultar otro delito” y decomisar bienes usados para favorecimiento a la prostitución. También precisa la aplicación inmediata de la Ley 32326 sobre procesos en trámite y dispone una implementación presupuestaria a cargo del MEF, MINJUSDH y Pronabi.

En ese marco, José María Balcázar (PL) pidió una mayor deliberación al señalar que se necesita profundizar más por ser «un proyecto muy controversial”. Además, planteó interrogantes sobre las responsabilidades cuando un proceso concluye sin condena. “¿Y qué responsabilidades tienen los jueces y el fiscal? Yo soy de la idea de que, al ser un tema tan controversial, debe pasarse a un cuarto intermedio”.

En esa línea, la presidenta del mencionado grupo de trabajo decidió pasar a cuarto intermedio los proyectos para un mejor estudio.

SUSTENTACIONES

El grupo también escuchó sustentaciones de tres iniciativas legislativas:
-Proyecto de Ley 08854/2024-CR – Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la implementación de los órganos jurisdiccionales especializados en cibercriminalidad, presentada por el congresista Raúl Huamán Coronado.

-Proyecto de Ley 12659/2025-CR – Ley que agrava las penas del delito de abigeato y fortalece la protección del patrimonio ganadero, presentada por la congresista Silvana Robles Araujo.

-Proyecto de Ley 04633/2022-CR – Ley que modifica el Código Penal, ampliando los alcances del ejercicio de la legítima defensa cuando se ejerza en resguardo del derecho a la inviolabilidad de domicilio, presentada por el congresista Diego Bazán Calderón.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL