La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera aprobó, por mayoría, insistir con la Autógrafa de Ley que establece un Régimen Especial Facultativo de Devolución de los Aportes para los aportantes activos e inactivos bajo el Decreto Ley 1990 administrados por la Oficina Nacional de Normalización Previsional (ONP).

De este modo, el grupo que preside Anthony Novoa Cruzado (AP), decidió, insistir en que se establezca de manera excepcional y por única vez la devolución de los aportes, hasta una unidad Impositiva Tributaria (UIT) a los aportantes activos e inactivos al Sistema Nacional de Pensiones.

La votación puntual fue de nueve votos a favor y cuatro votos en contra.

Antes de la votación, Novoa Cruzado señaló que, de acuerdo con el Reglamento del Congreso, la respuesta a las observaciones del Poder Ejecutivo, se reducían a tres: insistencia, allanamiento, o nuevo proyecto.

Precisamente, su presidencia propuso un predictamen que planteaba un nuevo proyecto basado en los 15 proyectos de ley que sustentaba la autógrafa observada más el Proyecto de Ley 6114/2020 enviada por el Poder Ejecutivo.

El predictamen llegó a ser sustentado por el secretario técnico de la comisión, se dijo que, si se iba por la insistencia, más de un millón de personas se quedarían sin pensión ni seguro de salud. Pero no entró a debate por la aprobación de dicha insistencia.

Dos horas antes, la ministra de Economía y Finanzas, María Alva Luperdi, se presentó ante la comisión junto al director general de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, Ricardo Montero de la Piedra, y al jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), Victorhugo Montoya Chávez.

Alva Luperdi, volvió a recalcar que, en un trabajo coordinado sobre las demandas sociales detectadas por el Poder Legislativo, el Ejecutivo podría ayudar a darle la viabilidad técnica. Es así que el tema de la ONP “no se debe trabajar de forma distinta”.

“Un trabajo conjunto puede beneficiar a millones de aportantes, una propuesta consensuada beneficia inmediatamente, ya que la ley, tal y como está, vulnera principios fundamentales de la Constitución, y de aprobarse entraríamos a una controversia”, señaló.

Sustentación de proyectos de ley

La congresista Jesús del Carmen Núñez Marreros (Frepap) sustentó dos proyectos de ley (PL). El PL 6010/2020, Ley de Apoyo a las MYPES para acceder al Mercado Libre de Electricidad; y el PL 6339, Ley que reactiva las industrias gráficas.

Núñez Marreros, indicó que su primera iniciativa nació de una serie de reuniones con representantes de mypes a nivel nacional, y busca otorgarles el derecho de elegir si acceden al Mercado Libre de Electricidad o permanecen en el Mercado Regulado de Electricidad.

Para ello, se modifica la Primera Disposición Complementaria de la Ley N.° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, en el cual se establece que “los usuarios con una máxima demanda anual comprendida dentro del rango que se establezca en el Reglamento podrán acogerse, a su elección, a la condición de Usuario Libre o Usuario Regulado”.

“El límite de potencia para los suministros sujetos al régimen de regulación de precios es fijado en 50 kW”, indicó.

La segunda iniciativa, el PL 6339, Ley que reactiva las industrias gráficas, busca incorporar a las mypes de Industrias Graficas al Programa de Compras MYPERU, con la finalidad que se gestione a través de núcleos ejecutores las compras de las myes de la industria gráfica, a las instituciones Estatales.

Para ello modifica el párrafo 2.1 del artículo 2 del Decreto de Urgencia 058-2011
Modificase el párrafo 2.1 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N.° 058-2011, dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional.

Seguidamente, el parlamentario Omar Chehade Moya (APP) sustentó el Proyecto de Ley 6310, Ley que coadyuva a la
SUNAT al cobro de deudas tributarias.

La propuesta establece que “SUNAT puede subrogarse en la posición del deudor tributario en los casos que éste sea reconocido como acreedor en un procedimiento concursal, con el fin de que el pago del crédito que se ejecute como consecuencia del procedimiento concursal sea retenido hasta por el monto total de la deuda tributaria”.

Esto, para garantizar los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de los fines constitucionales del Estado, de promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

Para ello modifica el Código Tributario y agrega los artículos 118-A y 118-B al Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo 133-2013-EF.

Chehade Moya manifestó que, como es sabido, hay un alto índice de deuda tributaria impaga. Mientras que la actual presión tributaria bordea el 14 %o, debería ser de 18 a 19 % de presión tributaria. “Y una de las causas de no estar en la OCDE, es el tema de la presión tributarias, que es mínima”, indicó.

Grupos de trabajo

La Comisión de Economía dejó sin efecto el acuerdo de la décima quinta sesión ordinaria del 12 de agosto de conformar dos grupos de trabajo, hasta que haya mejores condiciones, ya que, en palabras de Antonhy Novoa Cruzado, ningún congresista solicitó la coordinación de dichos grupos.

Los grupos de trabajo fueron: Evaluación de la Descentralización Fiscal y Plan Nacional de Competitividad 2019-2030; y de Evaluación y Seguimiento del Programa Reactiva Perú.

PRENSA-CONGRESO