COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN RECIBE ÚLTIMOS APORTES

Centro de Noticias del Congreso

25 Ene 2019 | 10:28 h

El Grupo de trabajo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, que preside la legisladora Rosa Bartra Barriga (FP), desarrolló esta mañana por tercer día consecutivo, una sesión técnica para recopilar sugerencias y aportes al dictamen del proyecto de Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En la sesión el funcionario del Ministerio de Justicia, Alex Amado Rivadeneira, refirió sobre el proceso de admisión de los magistrados, que hay dos registros sobre las sanciones disciplinarias, sanciones y supervisión de la transparencia.

La información básica se encuentra en la ficha del juez y es el departamento de control interno quien lo maneja. Se debe saber quién es el juez, promover la transparencia judicial sobre sus sanciones. Hay una herramienta digital que se viene trabajando sobre ese tema a nivel del Ministerio de Justicia, para promover el acceso de la información pública, adelantó.

En cuanto a la participación ciudadana comentó que se debe fortalecer el acceso público a la información; sin embargo, las tachas, entrevistas, denuncias, deben ser evaluadas antes de difundirse, subrayó.

Respecto a las responsabilidades de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por sus actos de función, sostuvo que el juicio, contratación y defensa o asesoría legal deben ser otorgados a los magistrados.

“Los regímenes laborales ya están establecidos y se deben respetar sobre todo a los del sistema de CAS”, dijo, tras señalar que los tiempos son cortos, y se debe acelerar los procedimientos administrativos de los trámites.

 

RESERVADO NO PÚBLICO

Ramón Mujica Zevallos, en representación de la Academia de la Magistratura del Perú, planteó que debe ver un mejor control, pero que las sanciones deben ser de registro reservado, no de acceso público ya que puede afectar el desarrollo del proceso y de conocimiento de la prensa.

Remarcó que una sanción administrativa puede servir para un ataque a la honra y reputación de un magistrado. “La información pública debería ser limitada por un lapso de tiempo para que no trascienda a lo largo de los años”, resaltó.

Señaló que las entidades responsables antes de informar de manera pública, deben restringirla para que no se filtre, y consideró que se debe separar cuando es un acto administrativo a un acto de administración.

Propuso que se debe autorizar la reestructuración para establecer los nuevos cargos y perfiles de puestos por competencia, para comenzar el proceso de selección de personal, y advirtió que el Ministerio Público no convoca algunas plazas vacantes porque no están presupuestadas.

“No hay una cifra exacta que coincida en el número total de magistrados. Se han identificado sólo a 128 plazas que no estaban en los números”, destacó.

 

PROCESOS DISCIPLINARIOS SUSPENDIDOS

Referente a las disposiciones transitorias, complementarias y finales, Jorge Rucoba Rucoba, en representación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), dijo que la situación de emergencia va a continuar hasta que se instale la Junta y entre en funcionamiento el nuevo Pleno.

“Hay procesos disciplinarios que están suspendidos, como es el caso del jefe de la ONPE, y hay plazos de ratificación de los cargos. Los expedientes están analizados y sustentados, apenas se activen, estarán listos para ser priorizados”, indicó.

Mientras tanto, Roque Bravo Basaldua, asesor de la Comisión de Constitución, considera que es un tema importante, pero si no hay dinero, no se puede hacer una reforma.

“Los recursos deben organizarse para poder llegar al objetivo. Se debe fortalecer la institución. Se deben otorgar los recursos reforzados y necesarios, no solo los que se estaban manejando”, añadió.

Expresó que el punto de quiebre, debe ser la instalación de la Junta Nacional de Justicia.

“Apenas se haga, se debe activar de inmediato todo el sistema judicial”, aseveró.

Finalizó indicando que la transparencia es un derecho a todos los ciudadanos, la sanción está orientada a establecer un cambio de conducta.

“Lo que se quiere es abrir la información a la población”, recomendó. (JCHOY)

PRENSA CONGRESO. 25-01-19

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