En su onceava sesión Extraordinaria, la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside Hernando Guerra García Campos (FP), continuó con el debate de los predictámenes que proponen el adelanto de las elecciones generales, y el que regula la suspensión presidencial establecida en el primer inciso del artículo 114 de la Constitución Política del Estado.

En primer lugar, el predictamen que propone el adelanto de elecciones generales ingresó a un cuarto intermedio para solicitar opiniones técnicas a los organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones – JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales –ONPE;  a solicitud de los congresistas Wilson Soto Palacios (AP) y Alejandro Muñante Barrios (RP).

La iniciativa recae en los Proyectos de Ley 1897/2021 y 1918/2021, que propone la Ley de reforma constitucional que modifica la duración del mandato del presidente, primera vicepresidenta, congresistas y parlamentarios andinos de la República elegidos en las Elecciones Generales 2021 y establece el proceso electoral “Elecciones Generales 2023”.

En su artículo único, incorpora la Cuarta Disposición Transitoria Especial a la Constitución Política del Perú con un texto en el cual se precisa que el “Presidente y la Primera Vicepresidenta de la República elegidos en las Elecciones Generales 2021, concluyen su mandato el 28 de julio de 2023”.

Además: “Los Congresistas de la República y los Parlamentarios Andinos elegidos en el mismo proceso electoral culminan su representación el 26 de julio de 2023. No son de aplicación para ellos, por excepción, los plazos establecidos en los artículos 90 y 112 de la Constitución Política”.

Finalmente: “El Presidente de la República convoca a Elecciones Generales 2023, las que se llevan a cabo en un plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la presente ley”.

Hernando Guerra García sostuvo, en su calidad de parlamentario, que “estamos de acuerdo con un adelanto de elecciones, sin ninguna condición”.

“Hay que tomar decisiones de manera clara y sin ningún doblez”, señaló. “Decimos claramente que esta es la última ratio, pero hay que separar las tribus, nosotros no coincidimos con quienes han presentado el proyecto, nosotros hemos sido firmes en nuestros votos. Si tenemos que dejar nuestras curules para que se vaya Castillo, las dejamos”.

Durante la sustentación del predictamen, señaló que la propuesta no contraviene “el núcleo duro de la Constitución Política, pues la separación de poderes, y el régimen político diseñados en el texto constitucional, no se ven afectados”.

Por ello, “siendo una reducción excepcional del mandato de congresistas, presidentes y de vicepresidentes, que no vulnera de forma permanente la regla general desarrollada en los artículos 90 y 112 de la Constitución Política».

Manifestó, de acuerdo con el texto sustitutorio, que las “propuestas son una medida que busca fortalecer el principio de democracia representativa reconocido en el texto constitucional vigente, que es parte del núcleo duro de la Constitución Política”.

“Y es que al existir presuntos actos de corrupción que estarían ligados al Poder Ejecutivo, que generan una crisis política, es necesario que el pueblo vuelva a legitimar a sus autoridades a través de nuevas elecciones generales”.

“Ambos proyectos proponen que se realice un adelanto de elecciones en julio del año 2023. Al respecto, esta comisión concuerda con ello, en virtud que ante la crisis política, económica y social que flagela a nuestro país, se requiere de una respuesta oportuna”, precisó.

En tal sentido esta comisión considera, viable las iniciativas legislativas examinadas, pues hacen de una válvula de escape a la crisis política, que permite renovar la confianza del pueblo a través de nuevas elecciones, sin afectar el núcleo duro de la Constitución Política.

DEBATE

La congresista Susel Paredes Piqué (ID), autora de uno de los proyectos de ley acumulados en la iniciativa, indicó que esta Comisión “no ha generado las condiciones para que la ciudadanía se defienda de los corruptos, cómo nos defendemos de los corruptos, cómo nos defendemos de un presidente que sea narcotraficante”.

Esto, en alusión a que no se agendó un proyecto de ley presentado en la legislatura anterior que proponía reformar el artículo 117 de la Constitución.

Esta crisis tiene dos culpables: el Congreso por no hacer el eficiente control político.

El Congreso y el Ejecutivo han cometido gravísimos errores. Ley de idoneidad. Esto se pudo evitar. Estamos en el fondo del pozo. Esta podría ser una salida

Inmediatamente, Gladys Echaíz de Núñez Izaga (RP) expresó: “se dice que esta sería una solución excepcional; si esta es norma de excepción, veo que se está haciendo regla.” Y preguntó: ¿la Constitución debe adecuarse a los problemas coyunturales? o, ¿es que los ciudadanos debemos actuar con arreglo a las normas, principios y valores en ella regulados?

“La excepcionalidad debe darse en casos efectivamente excepcionales”, enfatizó. “El acortamiento de plazos no soluciona nada.

Por su parte, Alex Paredes Gonzales (BMCN) dijo que “esto no ayuda a tener una visión de Estado como país y solo le dar una mirada circunstancial”. “(…). Más allá de la existencia de justificaciones constitucionales, esto genera intranquilidad en la población”.

La legisladora Digna Calle Lobatón (PP), autora del segundo proyecto de ley en el que se sustenta el predictamen señaló que “esta es la única salida pacífica y democrática al caos que vive el Perú causado por el Ejecutivo y el Legislativo”.

“El proyecto de ley no es excluyente, ni busca blindar al presidente por los delitos que lo acusan, mi propuesta se resume en irnos todos para empezar de nuevo, nos vamos todos por el Perú”, señaló.

Más adelante, Alex Flores Ramírez (PL) se preguntó ¿cuál es la razón de esta crisis? “y debemos saber si con este proyecto se solucionarían esa crisis. También incidió en que no se cumplirían los plazos que establece el predictamen, y propuso que se apruebe con 66 votos y se vaya a un referéndum para preguntarle al pueblo si quiere un adelanto de elecciones.

Luego, el congresista Luis Aragón Carreño (AP) puso énfasis en el hecho de que “muchos, de un lado y de otro lado, han hecho cálculos político para quedar bien con la población”. Y sobre la iniciativa dijo estar de acuerdo, pero con una sólida base jurídica.

Intervinieron además, Alejandro Aguinaga Recuenco (FP), Arturo Alegría García (FP), Ruth Luque Ibarra (CD-JP), Wilson Soto Palacios (AP), Alejandro Muñante Barrios (RP), Martha Moyano Delgado (FP), Hamlet Echevarría Rodríguez (PD), Ilich López Ureña (AP), Jorge Morante Figari (FP), Rosangella Barbarán Reyes (FP), Patricia Juárez Gallegos (FP)

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

El segundo predictamen debatido es el que recae en el Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso 2694-2021, que incorpora el inciso g) en el artículo 68 y el artículo 89-b del Reglamento del Congreso de la República.

La finalidad de esta propuesta es regular el procedimiento de suspensión del ejercicio de la presidencia de la república por la causal prevista en el inciso 1) del artículo 114 de la Constitución Política del Perú.

Hernando Guerra García Campos dijo que “las constituciones están hechas para controlar el uso abusivo del poder. No se busca crear una nueva institución, pues la suspensión presidencial tiene casi 30 años de existencia, sino simplemente regularla, dotarla de reglas de juego simples y claras, garantizando el debido proceso parlamentario”.

“El predictamen propuesto es, en esencia, una norma procedimental que comparte un procedimiento similar que comparte el proceso de vacancia regulado en el (artículo) 89 del Reglamento del Congreso”, afirmó.

DEBATE

El congresista Alejandro Cavero Alva (AvP), manifestó que la suspensión, a diferencia de un procedimiento de vacancia, debe ser célere, por la urgencia de la misma. Sin embargo, planteó una inquietud respecto a que tenga los mismos plazos que una vacancia, y pidió que los expertos aclaren más este punto.

La legisladora Ruth Luque Ibarra (CD-JP), sostuvo que esta sería una ley con nombre propio, contraria a la Constitución, y que tiene como única motivación forzar la salida del presidente Pedro Castillo, en vista de que la vacancia tampoco avanza.

En su momento, Alex Flores Ramírez (FP) expresó estar de acuerdo con el espíritu de la propuesta; sin embargo, debe estar mayor fundamento, y no solo verlo como un tema procedimental. Dijo que debe tener la misma valla que la vacancia presidencial, porque es una medida extrema.

Gladys Echaíz de Núñez Izaga (RP), expuso algunas contradicciones en el proyecto y sugirió, de ser necesario, acudir a la exposición de motivos que se tuvo. Propuso debatir el tema con más calma y con la presencia de más congresistas.

“¿Es necesario regularlo? Sí, pero hay que trabajarlo un poco más”, señaló.

SUSTENTACIONES

El congresista Jorge Zeballos Aponte (RP), sustentó el Proyecto de Ley 3007/2022, que propone modificar el artículo 52° de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, que incrementa el número de electores en las mesas de sufragio en el extranjero.

El parlamentario Alex Flores Ramírez (PL), sustentó el Proyecto de Ley 3188/2022, que propone modificar el artículo 161 de la Constitución Política, para evitar la permanencia del cargo de defensor del pueblo con mandato vencido.

El congresista Jorge Flores Ancachi (AP), sustentó el Proyecto de Ley 3415/2022, que propone modificar el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, con la finalidad de promover el voto facultativo en los procesos electorales generales, regionales y municipales.

OFICINA DE COMUNICACIONES