Por mayoría aprueba la Comisión de Justicia
Audiencias públicas por conciliación podrán ser presenciales o virtuales
Centro de Noticias del Congreso
03 Feb 2021 | 18:51 h
Las audiencias de conciliación podrán ser presenciales o a través de medios electrónicos (virtuales) sin dejar de garantizar la identificación, capacidad o comunicación de las partes, así como la autenticidad del contenido del acuerdo conciliatorio, según aprobó por mayoría la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Fue luego de debatir el predictamen que reúne las propuestas de la legisladora Luz Cayguaray Gambini (Frepap) y del Poder Ejecutivo, en el grupo de trabajo parlamentario que dirige la congresista Leslye Lazo Villón (AP), quien se encargó de sustentar la propuesta que propone modificar la Ley de Conciliación.
Dijo que el objeto es mejorar el acceso a la justicia para los ciudadanos a través de la implementación de la conciliación extrajudicial por medios digitales. Esto para facilitar la solución a los conflictos, mejorar la protección de la salud y bienestar de la población y reducir la brecha entre la legislación nacional y la normativa internacional.
“El avance de la tecnología es innegable. La globalización de las telecomunicaciones es inevitable. Es por eso imprescindible que las audiencias de conciliación puedan ser realizadas a través de las herramientas tecnológicas o digitales, lo que encaja dentro del proceso de modernización de la justicia”, sostuvo.
Aclaró que en la actualidad el Poder Judicial ya viene realizando audiencias virtuales mediante la promulgación de resoluciones administrativas y cuyo fundamento es evitar el contagio de la COVID-19. “Sin embargo la Comisión de Justicia considera que estas medidas deben ser permanentes”, afirmó.
La congresista María Teresa Cabrera Vega (Podemos Perú) expresó su acuerdo, mientras que el legislador Alberto De Belaunde De Cárdenas (Partido Morado) preguntó si los centros de conciliación cuentan con los recursos necesarios para garantizar los derechos de las partes. Por su parte, la parlamentaria Martha Chávez Cossío (Fuerza Popular) señaló que algunos componentes desnaturalizan el objetivo de la propuesta, y planteó escuchar opiniones de especialistas.
En otro momento, la comisión decidió inhibirse, por mayoría, de trabajar por la propuesta que plantea modificar el Código de Protección y Defensa del Consumidor para proteger al usuario del servicio educativo en circunstancias de fuerza mayor. La razón de la inhibición sobre la propuesta de la congresista María Retamozo Lezama (Frepap) fue que la materia a legislar tiene mayor vínculo con la Comisión de Defensa del Consumidor y de Educación, ambas de la misma especialidad.
PRÓXIMA SESIÓN
Para la fecha habían sido invitados el ministro de Justicia, Eduardo Vega Luna, y la presidenta del Poder Judicial de la Corte Suprema, Elvia Barrios Alvarado, pero ambos se excusaron y coincidieron en solicitar una reprogramación.
Los dos funcionarios fueron convocados para informar sobre sus sectores en materia de interés de la comisión y los avances de lo realizado hasta el momento. Asimismo, fueron llamados para conocer la opinión que tienen sobre propuestas que están en debate.
En el caso del Poder Judicial, la comisión requiere conocer el uso que vienen haciendo de las nuevas tecnologías para el expediente judicial electrónico, la mesa de partes electrónica, reducción de la carga procesal, entre otros temas.
EXPOSICIONES
Durante la sesión se escuchó la exposición de diversas propuestas a cargo de sus autores, tal es el caso de la congresista Cabrera Vega, quien expuso su propuesta de ley que empodera al Juzgado de Paz Letrado y al Juzgado de Familia para que pueda dictar medidas coercitivas en casos de alimentos y elimina el delito de omisión de asistencia familiar a fin de reducir la carga procesal. En ese sentido, propone la modificación del artículo 485, medidas de coerción e incorpora el numeral 3, del Nuevo Código Procesal Penal.
Señaló que si el obligado, luego de haber sido notificado y requerido para el cumplimiento de sentencia firme, no cumple con el pago de los alimentos, el juez impondrá la medida de internamiento del obligado en un establecimiento penitenciario por un plazo no mayor de cuatro años.
Lo propio hizo la congresista Nelly Huamaní Machaca (Frepap) con su propuesta N°. 6027, que plantea instaurar y regular el proceso judicial electrónico, en materia civil, familia, constitucional, laboral y contencioso administrativo.
Para ese efecto, propone regular el trámite del proceso judicial electrónico en distintas especialidades, como civil, familia, constitucional, laboral y contencioso administrativo.
Por su lado, el congresista Leonardo Inga Sales (AP) sustentó su propuesta de ley N.° 6236, que plantea promover la implementación de las Reglas de Brasilia para efectivizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
Dijo que la iniciativa legislativa responde a la necesidad de ciudadanas y ciudadanos en situación de vulnerabilidad, del libre acceso a la justicia, por la existencia de barreras económicas, culturales, de idioma, geográficas, entre otras. Es así, que esta propuesta, dijo, permite garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia.