Las entidades de la administración pública que cuenten con programas de apoyo asistenciales, creados o por crearse, deberán adquirir por lo menos un 30 % de alimentos provenientes de la agricultura familiar, con lo cual se beneficiará a más de dos millones de agricultores.

Así lo aprobó, el viernes 16, el Pleno del Congreso con 96 votos a favor, cero en contra y catorce abstenciones.

La finalidad de la propuesta es mejorar la economía de los productores de la agricultura familiar de los campesinos, pequeños productores locales individuales u organizados, microempresas agroindustriales de la región que estén debidamente registrados.

A pedido del presidente de la Comisión Agraria, Raúl Machaca Mamani (Frepap), se exoneró de segunda votación por 93 votos a favor, cero en contra y 21 abstenciones. Con ello, el dictamen fue aprobado y enviado al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

El dictamen comprende dos iniciativas: una (N.° 5927) de autoría de la congresista Jesús del Cármen Núñez Marreros (Frepap), y la otra (N.° 6028) de María Isabel Bartolo Romero (UPP), crea el Registro de Agricultores Perú (REAP) a nivel nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura. A esas iniciativas se sumaron el N.° 5962, de la congresista Yessica Apaza Quispe (UPP); el N.° 5859, de María Céspedes Cárdenas (Frepap); y el N.° 6035 de Alcides Rayme Marín (Frepap).

Dicho registro será implementado mediante una plataforma electrónica, la inscripción de los agricultores y deberá ser actualizado cada cinco días.

El titular de la comisión, Machaca Mamani, indicó que el dictamen en cuestión modifica la Ley N.° 27767 y está destinado a promover la adquisición de productos agrícolas para los programas sociales a fin de fortalecer la economía en las regiones del Perú.

La congresista Apaza Quispe, una de las autoras, explicó que los programas sociales deben comprar a pequeños agricultores, los que están dispuestos a responder a la demanda.

“El cimiento del crecimiento de la economía en el Perú es la agricultura. Basta de comprar al extranjero. Compren los productos de las regiones”, dijo con énfasis.

La congresista Lusmila Pérez Espíritu (APP) aseveró que el dictamen es de justicia, porque antes no han tenido oportunidad de vender al Estado, sino a través de intermediarios, los que se han beneficiado.

Por su lado, la legisladora Céspedes Cárdenas destacó que los agricultores han sufrido duramente los efectos de la pandemia y se encuentran endeudados. Además, señaló que debe tenerse en cuenta que este sector es la puerta de productos saludables.

PRENSA-CONGRESO