La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe que declara improcedente la denuncia constitucional N.° 294, presentada por el ciudadano Edgard Guzmán Dongo, en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) Ernesto Blume Fortini, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada, Marianella Ledesma Narváez y el exmagistrado Oscar Urviola Hani.

Fue en la sesión virtual que realizó el lunes 5. El acuerdo se tomó con once votos a favor, dos en contra y una abstención.

En cuanto a la materia de la acusación constitucional, el informe señala que “no especifica”; de igual forma en cuanto a la infracción constitucional se indica que “no especifica”.

Igual suerte tuvo la denuncia constitucional N.° 317, presentada por el ciudadano Juan Ubaldo Valdivia Gonzales, en contra del presidente de la república, Martin Alberto Vizcarra Cornejo, por el presunto delito de vulneración al inciso 1 del artículo 118 de la Constitución. El informe de calificación, que declara improcedente la denuncia, obtuvo doce votos a favor y dos abstenciones.

En otro momento, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe que declara improcedente la denuncia constitucional N.° 340, presentada por el ciudadano William Ciro Contreras Chávez, en contra de Walter Gutiérrez Camacho (defensor del Pueblo), José Luis Lecaros Cornejo (presidente del poder Judicial), Zoraida Avalos Rivera (fiscal de la Nación), Ernesto Blume Fortini (expresidente del TC), Nelson Eduardo Schack Yalta (contralor General de la República), Jorge Elías Alva Hurtado (rector de la Universidad Nacional de Ingeniería), Antonio Abruña Puyol (rector de la Universidad de Piura).

El informe precisa que la materia de la acusación constitucional es juicio político por vulneración al artículo 154 de la Constitución Política del Perú, el acuerdo fue tomado con doce votos a favor y dos abstenciones.

POSTERGADO

Fue postergado el debate y votación respecto del informe que declara improcedente la denuncia constitucional acumulada N.° 309, presentada por el ciudadano Jesús Linares Cornejo, en contra de los magistrados del TC Eloy Espinosa Saldaña, José Luis Sardón de Taboada, y Marianella Ledesma Narváez.

La materia de acusación constitucional es por antejuicio político por presunta comisión del delito de prevaricato (artículo 418 del Código Penal), presunta comisión del delito de abuso de autoridad (artículo 376 del Código Penal) y presunta comisión del delito de fraude procesal (artículo 416 del Código Penal).

“Vamos a postergar para el viernes este informe a fin de hacer un mayor análisis de la denuncia y que se entreguen a los congresistas los anexos de la respectivos”, dijo la congresista vicepresidenta, Tania Rodas Malca (APP), quien dirigió la sesión en reemplazo del congresista Luis Roel Alva, presidente de la subcomisión, quien se excusó de encabezar la sesión, porque se verían casos vinculados con instituciones donde anteriormente tuvo un vínculo laboral como el Tribunal Constitucional y “para evitar cualquier tipo de suspicacia me voy apartar del debate y me abstendré en las votaciones”, dijo al inicio de la sesión.

La postergación del caso se dio debido a que los congresistas Martha Chávez Cossío (FP), Jorge Vásquez Becerra (AP), María Gallardo Becerra (PP) y Carlos Mesía Ramírez (FP) observaron que en el extremo de la denuncia constitucional presentada en contra de la magistrada Marianella Ledesma Narváez, el informe requiere de mayor análisis y pidieron que se les distribuya los anexos para conocer a fondo la denuncia.

“La denuncia es por un hecho gravísimo”, dijo la congresista Martha Chávez Cossío y agregó que “ella (Ledesma) habría resuelto -como jueza del décimo segundo juzgado civil de la Corte Superior de Justicia de Lima- un proceso de quiebra en el que se habría visto afectado el señor Linares Cornejo”.

Puntualizó que “lo que sí es evidente es que la magistrada luego conoce del amparo que se plantea sobre ese proceso de quiebra y lo conoce ya en su condición de magistrada del Tribunal Constitucional”.

El legislador Carlos Mesía (FP) opinó que “es evidente que hay abuso de autoridad”; en tanto que Chávez agregó que “no podemos ser una comisión que demuestra falta de empatía y receptividad con el ciudadano”.

Por su parte, el congresista Jorge Vásquez pidió que se revise nuevamente el informe para una mejor calificación en lo referido a la magistrada Ledesma, en tanto que, su colega María Gallardo Becerra pidió que se les remita a los congresistas los anexos de la denuncia.

PRENSA-CONGRESO