El Estado tiene la obligación de atender la salud pública, por lo tanto es su función velar por el adecuado abastecimiento de las farmacias en los establecimientos de salud públicos y garantizar los la provisión de los recursos presupuestales.

Así lo señaló la congresista Milagros Salazar al sustentar el informe del Decreto de Urgencia 007 -2019, aprobado en mayoría, que declara a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud y dispone medidas para garantizar sus disponibilidad.

Sostuvo en la sesión de la Comisión Permanente que se reunió este miércoles 15, que dicho dispositivo legal desconoce esta obligación del Estado.

“Cualquier persona que va a un establecimiento público tiene la atención médica, el diagnóstico, el tratamiento, pero no termina el circuito porque los establecimientos no cuentan con medicamentos genéricos y los pacientes tienen q salir a comprar en una farmacia privada y es un costo de bolsillo alto”, afirmó la legisladora.

Esta precisión quedó establecida en las conclusiones presentadas en el informe donde también se recomienda que el nuevo Parlamento proponga proyectos de ley en relación a la regulación de los medicamentos.

Salazar de la Torre consideró que este dispositivo supera el análisis de control constitucional y sus disposiciones contribuyen con la protección constitucional del derecho a la salud.

Sin embargo, advirtió que estas medidas resultan insuficientes, por lo cual se propone nuevas disposiciones que profundicen y mejoren el régimen regulatorio de los medicamentos, especialmente en los aspectos de calidad, farmacovigilancia y buenas prácticas farmacéuticas.

El informe recomienda revisar el límite de multas establecidas para las farmacias, boticas y cadenas, régimen sancionador establecido en el Decreto de Urgencia 007-2019 porque subestima el nivel de actividad y escala de los establecimientos farmacéuticos, sin reconocer su diversidad.

“No podemos poner una multa y tratar por igual a quien tiene una cadena de farmacias como a un químico farmacéutico, eso sería injusto”, enfatizó la legisladora al subrayar que se debería incorporar el papel del químico-farmacéutico.

De otro lado, propuso que las amonestaciones o multas que se aplican a las boticas de las micro y pequeñas empresas sea de hasta el diez por ciento de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). «Aplicar una UIT es asfixiarlas y beneficiar a las grandes cadenas”, reclamó.

El informe se aprobó con 12 votos a favor, 2 abstenciones y ninguno en contra y se elevará al nuevo Congreso para su consideración.

PRENSA-CONGRESO