La Comisión Permanente aprobó por 13 votos a favor y 6 en contra el informe final de las Denuncias Constitucionales 547 y 575 (acumuladas), en el extremo que concluye inhabilitar al detenido expresidente José Pedro Castillo Terrones para el ejercicio de la función pública por un periodo de diez años.

Durante la sesión, la congresista Lady Camones Soriano (Bancada APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sustentó el documento que reúne los hechos, evidencias y fundamentos jurídicos que sustentan la acusación.

Según el informe, se determinó que Castillo Terrones ejecutó una serie de acciones previas y posteriores al mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022.

Entre estas se encuentra la realización de reuniones cuyos contenidos no fueron esclarecidos, así como la instrucción a la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, para coordinar con TV Perú la transmisión del mensaje en el que anunciaría la ruptura del orden constitucional.

Asimismo, se detalla que el propio Castillo leyó públicamente un mensaje en el que anunciaba la disolución del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, medidas que no cuentan con sustento constitucional.

El informe también señala que el expresidente impartió órdenes directas al entonces comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, para cerrar el Congreso, impedir el ingreso de cualquier persona, intervenir el Ministerio Público y detener a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Además, habría solicitado reforzar la seguridad de su entorno y del de la entonces jefa del gabinete ministerial, Betssy Chávez.

A partir de los hechos expuestos, el informe señala que Castillo Terrones habría vulnerado diversos artículos de la Constitución Política del Perú, entre ellos aquellos relacionados con la imposición de un toque de queda sin sustento legal, la disposición de medidas ajenas a la Carta Magna, la disolución irregular del Parlamento, la usurpación de funciones legislativas.

DEFENSA

Luego, intervino el abogado Carlos Alberto Torres Caro para ejercer la defensa del expresidente. Sin embargo, tras vociferar expresiones ofensivas contra el Parlamento, fue invitado a retirarse del hemiciclo por el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, quien conducía la sesión.

Más adelante, López Ureña precisó que el letrado se retiró del hemiciclo por decisión propia tras proferir el agravio. Asimismo, informó a la representación nacional que se dará cuenta del hecho y se remitirá la documentación correspondiente al Colegio de Abogados para que, en el marco de sus atribuciones, adopte las acciones pertinentes.

DEBATE

Durante el debate congresistas de diversas bancadas lamentaron la ausencia de una defensa jurídica técnica. Acusaron al abogado de recurrir a la demagogia, insultos, un mensaje político y la promoción de su propio libro.

Alejandro Muñante Barrios (bancada RP) denunció la falta de respeto por parte de la defensa de Pedro Castillo a la institución del Congreso, el uso de términos incorrectos y un comportamiento que degradaba la política y la abogacía.

Eduardo Salhuana Cavides (bancada APP) argumentó que el abogado no le hacía ningún favor a Castillo, sino que lo hundía más al no presentar argumentos legales sólidos. Y que Pedro Castillo cometió un «golpe de Estado» al intentar quebrar y violentar la Constitución el 7 de diciembre del 2022.

Martha Moyano Delgado (bancada FP) enfatizó que la inhabilitación política es necesaria para proteger la democracia de quienes intentan destruirla y evitar que actos similares se repitan en el futuro. Añadió que el abogado no le hacía ningún favor a Castillo, sino que lo hundía más al no presentar argumentos legales sólidos.

Alejandro Cavero Alva (bancada Avanza País) recordó que Pedro Castillo llegó al poder prometiendo «no más pobres en un país rico», pero que solo sus sobrinos y ministros se hicieron ricos, destacando la corrupción de su gobierno.

“La inhabilitación se presenta como un juicio político necesario para sancionar a los «golpistas» y evitar que tengan cabida en el país”, concluyó.

Por su parte, el congresista Elías Varas Meléndez (bancada JP-VP-BM) acusó a ciertos sectores del Congreso de haber conspirado contra el gobierno de Castillo, lo que llevó a su vacancia el 7 de diciembre.

La congresista Kelly Portalatino (bancada Perú Libre) reconoció el «intento fallido del cierre de Congreso», pero atribuyó la responsabilidad a «malos asesores y traidores» como el exministro de Defensa, Bobbio, Aníbal Torres y Bessy Chávez, quienes habrían redactado la proclama.

El parlamentario Víctor Cutipa Ccama (bancada JP-VP-BM) presentó una cuestión previa para permitir que un supuesto segundo abogado del expresidente Pedro Castillo continuara con la defensa. Sin embargo, la solicitud no fue admitida por no cumplir con los requisitos de procedibilidad.

El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, precisó que el mencionado no se encontraba acreditado y no había presentado la documentación correspondiente. Asimismo, detalló las circunstancias que motivaron el retiro del abogado del hemiciclo.

“Durante los primeros nueve minutos y treinta segundos de su intervención, el abogado no presentó argumento alguno de defensa. A los diez minutos y treinta segundos empezó a emplear palabras inapropiadas en la sesión. Para el minuto doce, la Mesa Directiva y la Presidencia intervinieron y advirtieron que no se tolerarían ofensas o agravios contra la institución”, indicó.

WILLY HUERTA OLIVAS

El exministro del Interior del gobierno de Castillo, Willy Arturo Huerta Olivas, fue citado para el jueves 27 de noviembre a las 10:00 am, para ejercer su derecho de defensa respecto al informe final de las Denuncias Constitucionales 547 y 575 (acumuladas), que concluye acusarlo e inhabilitarlos por 10 años por el caso del golpe de Estado del 2022.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL