La Comisión de la Mujer y Familia, que preside Milagros Jáuregui Martínez (RP), aprobó por unanimidad el dictamen que prohíbe el ingreso de niños y adolescentes a Centros de Acogida Residencial básicos, especializados o de urgencia que no cuenten con acreditación vigente emitida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

La inobservancia de esta prohibición derivará en responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.

Así lo dispone el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 4444/2022-CR que busca que todos los centros de acogida cumplan con los estándares mínimos para brindar atención a niños y adolescentes.

Jáuregui Martínez, presidenta de la comisión, informó que según datos del propio Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables existirían 119 centros de acogida residencial que no cuentan con acreditación de parte del sector. Estos centros de acogida albergan a un total de 2,659 niños y adolescentes, quienes son directamente afectados por la ampliación de plazos de acreditación de centros de acogida practicada por el sector.

“No es lo mismo ser acogido en un centro que cuenta con especialistas, infraestructura y equipamiento mínimo, frente a otro centro que no cuenta con ello. Sin duda, el perjuicio será mayor en los centros de acogida residencial no acreditados y ello repercutirá en mayor gasto para el Estado, en tratamientos de enfermedades psicológicas”, puntualizó.

En otro momento, se aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3773/2022-CR, mediante el cual se propone la “Ley que declara de interés nacional el fortalecimiento de los Centros Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”.

TRATA DE PERSONAS

La presidenta de la comisión, Milagros Jáuregui Martínez (RP), luego de escuchar la exposición del ministro del Interior, Vicente Romero, cuestionó la disminución progresiva del presupuesto para la lucha contra la trata de personas, la falta un registro único de víctimas y la implementación de solo 12 casas albergue.

“Se sabe que en el año 2022 el Estado peruano invirtió 0.15 céntimos de sol por ciudadano para luchar contra la trata de personas, uno de los presupuestos más bajos en los últimos años. Para ese mismo año, el Ministerio Público registró 6107 denuncias por este delito. ¿Por qué el presupuesto para la lucha contra la trata de personas disminuye, mientras que las denuncias se incrementan?”, cuestionó.

Asimismo, informó que desde la comisión se está elaborando una iniciativa legislativa para crear el delito de adopción irregular dentro del Código Penal, como un delito contra la dignidad humana.

En tanto, el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, expuso los resultados de las políticas nacionales y sectoriales implementados por el Poder Ejecutivo para combatir la trata de personas en el país, desde el año 2021 a la fecha.

Al respecto, indicó que se han ingresado 1347 casos por el delito de trata de personas a las fiscalías a nivel nacional, desde enero del 2020 a agosto del presente año.

Y que, a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, se han conformado 13 espacios de coordinación distritales y provinciales de lucha contra la trata de personas en la provincia de Huanta, en Ayacucho; en el distrito de Breña, en Lima y en el distrito de La Unión, en Piura, cuya ejecución de servicio para el año 2022 fue del 100 % y para el 2023 (enero – junio) 91.3 %.

Asimismo, informó que la Dirección Contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes ha resuelto 50 casos. En el año 2022, 13 casos resueltos y en el año 2023, (enero – junio) 37 casos resueltos.

Antes de culminar su presentación, Vicente Romero recomendó fortalecer las Unidades de Protección Especial para que determinen en plazos breves la situación social de la niña, niño o adolescente afectado por el delito de trata de personas. A fin de evitar su revictimización y garantizar su derivación inmediata a un Centro de Acogida especializada.

SUSTENTACIÓN DE PROYECTOS DE LEY

En la sesión, la congresista Marleny Portero López (AP) sustentó, en su calidad de autora, el Proyecto de Ley 5315/2022-CR mediante el cual se propone la Ley que fomenta, protege, e incentiva la donación de leche humana.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL