La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, presidida por la parlamentaria Silvana Robles Araujo (Bancada Socialista), aprobó el dictamen que promueve el manejo sostenible y el fortalecimiento de las cadenas productivas de la totora y el carrizo.

El dictamen, recaído en el Proyecto de Ley 5506/2022-CR, de autoría del congresista Isacc Mita Alanoca, se enmarca en el enfoque de economía circular y busca asegurar la conservación responsable de estos recursos esenciales para los sistemas de humedales del país, así como para el desarrollo económico de las comunidades que dependen de su aprovechamiento.

“La iniciativa permitirá un aprovechamiento responsable de estos recursos y fortalecerá a las comunidades que dependen de ellos, sin comprometer los ecosistemas que los sustentan”, afirmó la congresista Robles Araujo.

En otro momento, la comisión aprobó, por unanimidad (9 votos), el dictamen de inhibición respecto del Proyecto de Ley 12432/2025-CR, que proponía incorporar de manera progresiva a los trabajadores del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) del régimen CAS al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

La comisión determinó que la materia no corresponde a su competencia, sin emitir un pronunciamiento sobre la viabilidad o inviabilidad de la propuesta.
Finalmente, el grupo de trabajo acordó enviar al archivo el Proyecto de Ley 11822/2024-CR, tras advertirse que la iniciativa vulneraba disposiciones constitucionales y principios internacionales en materia ambiental.

Según el análisis realizado, la propuesta afectaba el derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida, así como el deber del Estado de promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.

Asimismo, priorizaba la ejecución de proyectos de aprovechamiento de recursos no renovables por encima de la protección de la biodiversidad, lo que implicaría una regresión en los avances alcanzados en materia de conservación.

Se señaló, además, que los aspectos referidos a la articulación interinstitucional del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y al principio de sostenibilidad ya están contemplados en la legislación vigente, por lo que la propuesta resultaba innecesaria y contraria al marco jurídico ambiental.

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