El grupo de trabajo encargado del estudio de propuestas para el fortalecimiento y mejora de los sistemas de pensiones, recibió esta mañana, al Gerente General de la Caja de Pensiones Militar Policial, Ricardo Medina, para analizar el estado situacional de esta entidad administradora.

Al respecto, Medina señaló que son dos las problemáticas que se presentan: una como administrador de pensiones a la hora de cubrir sus costos de administración, que son elevados, y por el lado de sus regímenes (Decreto Ley 19846 y Decreto Legislativo 1193) tienen que cubrir los pasivos provisionales y para ello se requieren de activos.

“Año a año los aportes van decreciendo y las pensiones van creciendo. A diciembre 2022 hay 94 mil aportantes comparados con los 101 mil del 2021, estamos hablando de una caída del 6% anual. Cada miembro que deja de aportar incrementa el volumen de pensionistas y eso genera más costo de gestión”, indicó el gerente general.

Manifestó que las proyecciones indican que los aportes se irán extinguiendo y las pensiones se financiarán con transferencias del Estado. Esta problemática, comenta el funcionario, es de conocimiento del Consejo de Supervisión de la Caja: Ministerio de Defensa y Ministerio de Economía y Finanzas.

El presidente de este grupo de trabajo de la Comisión de Economía, Banca Finanzas e Inteligencia Financiera, Jorge Montoya (RP), sostuvo que el régimen antiguo 19846 no es viable, por el hecho que no es posible mantener un sistema pensionario cuando el aporte debe ser del 27% y lo que se ha venido aportando, hace 30 años, es de 12%.

Con relación al 1193, Montoya comentó que es un régimen que tiene que ser modificado por ser discriminatorio, ya que es similar al 19846; sin embargo, a los pensionistas no tienen los mismos beneficios.

Por su parte, la congresista Isabel Cortez de Cambio Democrático – JPP) consultó si la Caja Militar Policial es autosuficiente y a cuánto ascienden las transferencias del Estado a esta entidad.

A su vez, el parlamentario Carlos Zeballos (PP) hizo hincapié en la rentabilidad positiva de las AFPs y la rentabilidad negativa de los aportantes, como punto a considerar en el futuro proyecto de Ley que presente el grupo de trabajo.

OFICINA DE COMUNICACIONES