La sanción penal a los adolescentes que incurren en delitos debe ser materia de una política pública, coincidieron parlamentarios de distintas bancadas, quienes pidieron, a su vez, a los representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) que contribuyan con sus aportes para ese objetivo.

Fue durante la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside el congresista Isaac Mita Alanoca (PL), a la que fueron invitados representantes de la organización internacional para informar sobre la responsabilidad penal en adolescentes.

Asimismo, para escuchar su opinión sobre el dictamen que recoge varios proyectos, entre ellos el N.° 618, que plantea la modificación del artículo 20 del Código Penal y declara a los adolescentes de 16 y 17 años como imputables de la comisión de delitos graves y considerarlos dentro del sistema penal para adultos.

El representante de Unicef en el Perú, Francisco Javier Álvarez Gonzales, se comunicó desde Tumbes con la comisión y señaló que “de alguna manera la propuesta contradice lo que señala la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas, suscrita por el Perú en 1991”.

“Queremos poner sobre la mesa que el sistema penal para adolescentes tiene que ser adaptado a esa situación específica que tienen los adolescentes”, dijo en referencia al proceso de transición que pasan por aspectos fisiológico y sicológico, entre otros.

En ese sentido, pidió la aplicación de una justicia especializada penal para los adolescentes “para que no se les juzgue con las mismas leyes y penas de los adultos”.

Señaló que la privación de la libertad debe ser moderada con aseguramiento de la educación, que tengan servicios de reintegración, formación profesional y laboral.

En esa línea se pronunciaron Laura Salamanca, representante adjunta de Unicef, y Beatriz Gamarra, consultora en protección de niños, niñas y adolescentes de esa misma organización. Señalaron que el problema requiere de soluciones integrales en un país con problemas de inseguridad ciudadana.

El congresista José María Balcázar Zelada (PL) consideró que los tiempos han cambiado y que con la llegada del Internet todo ha evolucionado más rápido y en ese contexto, los adolescentes no son los mismos de antes. En ese sentido, dijo que “o bien se penaliza con sanciones más altas al que utiliza como instrumento a un adolescente para cometer un crimen, o se modifica el Código Penal para delitos graves cometidas por adolescentes”.

Por su lado, Alejandro Cavero Alva (Avanza País) consideró que de acuerdo con el tipo de delito podría verse el tema de la sanción, a lo que las especialistas respondieron que los más comunes son hurto, robo, violencia sexual, tráfico ilícito de drogas y en menos proporción, el de sicariato, que es 1.4 %.

La legisladora Gladys Echaíz (HyD) advirtió que no existe medidas de prevención y pidió a las representantes de Unicef a sugerir políticas públicas para el sector. “Entiendo que agravar las penas no son el remedio, sin embargo, dónde están las políticas públicas del Estado, qué estamos haciendo por la familia”, anotó.

Entretanto, Mita Alanoca manifestó que la comisión a su cargo tendrá rostro humano y que estará atenta a los aportes que se hagan para ayudar a la solución de los problemas.

CUESTIÓN PREVIA

En otro momento, se aprobó una cuestión previa para que se dé un mayor estudio del Proyecto de Ley N.° 6673, de autoría del congresista Flavio Cruz Mamani (PL), que propone declarar pueblo mártir de la democracia al centro poblado menor de Huancho Lima, provincia de Huancané, departamento de Puno, en su calidad de sede de la rebelión de Huancho Lima.
Con 13 votos a favor, nueve en contra y una abstención se aceptó el pedido de la congresista Echaíz.

CUARTO INTERMEDIO

Otro dictamen que comprende varias iniciativas referidas a la modificación del Código Penal, Decreto Legislativo 635, para aumentar las penas sobre delitos ambientales y tutelar penalmente los pajonales, humedales y páramos como bienes jurídicos, fue derivado a un cuarto intermedio para ampliar la información que se requiere.

SUSTENTACIONES

Finalmente, sustentaron sus iniciativas los congresistas José Elías Ávalos (APP) y Germán Tacuri Valdivia (BMCN).

Elías Ávalos expuso sobre su Proyecto de Ley 5849/2023-CR, Ley que plantea la modificación del artículo 164 del Decreto Legislativo 635, Código Penal.

Tacuri Valdivia hizo con su Proyecto de Ley 5701/2023-CR, que plantea la modificación de diversos artículos de la Ley N.° 28592, que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR).

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL