Ejecutarán garantía de nueve millones de dólares por daños ambientales de compañía minera en cuenca del río Coralaque

01 Feb 2021 | 12:29 h

  • Minem ratifica compromiso de contribuir a plan de cierre de mina y remediación de impactos en la provincia General Sánchez Cerro

El viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero Cornejo, ratificó el compromiso de su sector en la remediación de los daños ambientales provocados por el yacimiento Florencia-Tucari de la empresa minera Aruntani SAC en la sierra del departamento de Moquegua, que ha impactado negativamente en la cuenca del río Coralaque.

El funcionario participó en la audiencia pública virtual “Impacto ambiental a causa de la actividad minera en el río Coralaque, región Moquegua”, organizada por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, grupo de trabajo que preside la parlamentaria Yessica Apaza Quispe y que se llevó a cabo la tarde del último viernes 29 de enero.

“Ratificamos el compromiso del Viceministerio de Minas para ayudar a resolver la situación ambiental por la contaminación de la cuenca del río Coralaque. Se han tomado ya algunas medidas concretas, como la ejecución de las garantías constituidas por el titular minero por casi nueve millones de dólares, dinero que va a utilizarse para el plan de ejecución de obras del Plan de Cierre de Mina”, afirmó.

“Esto depende -agregó- de algunas gestiones administrativas que se están haciendo y que van a permitir iniciar el plan de cierre, y de esta manera coadyuvar a la recuperación ante la contaminación en la cuenca del río Coralaque”, en la provincia moqueguana General Sánchez Cerro.

Montero dijo que “controlar los efluentes de la mina va a ayudar grandemente a resolver el problema de la contaminación, probablemente no sea la única fuente de contaminación, pero es la que más nos preocupa a todos”, subrayó.

“Las gestiones y procedimientos normados están avanzado y vamos a estar habilitados para avanzar en el cierre de esta unidad minera en el más breve plazo, cuando los procedimientos administrativos se cumplan”, señaló durante su intervención.

John Astete, jefe de la Unidad Funcional de Atención a las Personas Expuestas a Metales Pesado y otras Sustancias Químicas del Ministerio de Salud, recordó en la audiencia pública virtual que el Decreto Supremo 188-2019-PCM, del 6 de diciembre de 2019, declaró en situación de emergencia por contaminación minera diversas localidades de los distritos de Chojata, Matalaque, Carumas y otros, medida que se extendió hasta octubre del año pasado.

Explicó que su sector ha hecho estudios y ha verificado, por ejemplo, que, en el anexo de Pachas (Chojata), el 85 % de una muestra de 27 personas tenían arsénico en la sangre por encima de los valores aceptables. En otras localidades de la zona se ha encontrado arsénico y plomo (metales pesados) hasta en un 89 % de las muestras tomadas.

En el certamen participaron alcaldes, ciudadanos y funcionarios del sector público, entre ellos, Milagros Verástegui Salazar, directora general de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, y el fiscal Manuel Armando Bernedo de la Fiscalía de Prevención del Delito de la provincia Mariscal Nieto.

El parlamentario por Moquegua, Walter Ascona Calderón, cuyo despacho congresal despliega esfuerzos promoviendo una solución integral al problema de contaminación de la cuenca, sostuvo que el Poder Ejecutivo debe promulgar un nuevo decreto supremo para extender la declaratoria de emergencia ambiental de todas las zonas afectadas por las operaciones de la empresa Aruntani como son, en particular, Carumas, Chojata, Quinistaquillas, Coalaque, Omate y Matalaque.

Reiteró que se necesita con urgencia obras de remediación ambiental, infraestructura de agua y saneamiento, así como de infraestructura de riego, entre otras, tal como dijo haber comprobado en octubre del año pasado, cuando su despacho organizó una primera audiencia pública en el distrito de Chojata, en donde verificó las penurias de la población por la contaminación de las aguas del río Coralaque.

Moquegua, 31 de enero de 2021
Despacho Congresal

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