El Congreso de la República aprobó esta noche un proyecto de ley por la cual se obliga a los vehículos usados para el transporte y custodia de dinero y valores sean blindados, en salvaguarda de la vida de los trabajadores de ese sector.

«Agradezco a la Comisión de Defensa Nacional el haber dictaminado el Proyecto de Ley N° 519, de mi autoria, que propone modificar el artículo 11° del Decreto Legislativo N° 1213, en la cual se incorpora como obligación que los vehículos usados para el transporte y custodia de dinero y valores estén blindados», dijo la congresista Norma Yarrow,  autora de la iniciativa, quien señaló que este es un servicio de alto riesgo, «más aun teniendo en cuenta que los niveles de comisión de delitos con armas de fuego han aumentado», en todo el país.

«Las personas que trabajan para empresas dedicadas al servicio de seguridad privada en la modalidad de transporte de dinero y valores, se encuentran constantemente expuestas a una serie de peligros debido a la labor que realizan y no otorgarles los medios adecuados para que puedan cumplir con sus labores sería una negligencia por parte del Estado, y un proceder pasivo por parte de sus empleadores que son las empresas que forman parte de este sector, incrementando la posibilidad de ataques que pueden perjudicar a terceros», remarcó la parlamentaria de Avanza País.

En ese sentido, destacó la importancia de que estas unidades de transporte también estén certificadas por SUCAMEC.

«Por lo tanto es necesario establecer las características con las que deben contar los medios de transporte para realizar el servicio de seguridad privada en la modalidad de Transporte de Dinero y Valores, con la finalidad de permitir de alguna manera salvaguardar la vida e integridad de las personas, y va a mitigar en la medida de lo posible los riesgos a los que constantemente se encuentran expuestos», enfatizó.

El dictamen aprobado,  cabe destacar,  modifica el artículo 11 del Decreto Legislativo 1213, con la finalidad de permitir fortalecer la supervisión, fiscalización, regulación y sanción de los servicios de seguridad privada,  así como garantizar que la seguridad privada pueda cumplir con su rol de colaboración a la seguridad ciudadana.

El proyecto contó con la opinión favorable del Ministerio del Interior,  SUCAMEC, SBS, entre otros.

DESPACHO CONGRESAL