• Instó a la Comisión de Justicia a priorizar su proyecto que plantea la administración privada de los centros penitenciarios.

El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero, señaló que es urgente que el Gobierno aborde la crisis de los penales, al considerar que no se puede combatir la inseguridad si no existen centros penitenciarios suficientes o porque debido al hacinamiento las cárceles se convierten en el foco del crimen.

En esa línea mencionó que desde hace años se encuentra paralizada la obra del megapenal de Ica destinada para más de 15 mil reos, por lo que criticó el papel del Ministerio de Justicia ya que hasta la fecha no se ven resultados, ni avances de ese proyecto.

“En marzo de 2024 visité la obra paralizada del megapenal de Ica y exhortamos al Ejecutivo, en esa oportunidad, a poder reactivar la obra lo más pronto posible. Un año después las cosas siguen igual y la inseguridad en aumento”, puntualizó.

Cavero Alva es autor del Proyecto de Ley 8563/2024-CR que promueve la participación del sector privado en la construcción y administración de penales en el Perú, a través de Obras por Impuestos y Asociaciones Público-Privadas (APP), lo cual permite una infraestructura de calidad y una gestión más eficiente de los recursos. Además de un enfoque integral para avanzar hacia un sistema penitenciario más justo, humano y sostenible.

“En agosto del año pasado presenté un proyecto para permitir la administración privada de las cárceles, generando así competencia y evitando la pésima gestión que hoy existe en el INPE”, precisó el parlamentario de Avanza País al tiempo de solicitar a la Comisión de Justicia que pueda priorizar su proyecto.

Cabe mencionar que, de los 68 centros penitenciarios, 49 están ocupados en más del 500% de su capacidad, lo que evidencia una situación crítica que ha afectado al sistema penitenciario peruano durante décadas.

La propuesta legislativa precisa que el sistema penitenciario peruano ha mostrado serias deficiencias en su capacidad de respuesta ante el creciente número de reclusos. Añade que la infraestructura actual está obsoleta y requiere una modernización integral.

“La participación del sector privado en este proceso permitirá no solo la ampliación de la capacidad, sino también la incorporación de tecnologías modernas y mejores prácticas de gestión penitenciaria”, se detalla en el documento.

DESPACHO DE LA TERCERA VICEPRESIDENCIA DEL CONGRESO