En su 35.ª sesión extraordinaria realizada el viernes 5 de setiembre en el Congreso de la República, la Comisión Especial de Protección a la Infancia, presidida por la congresista Esmeralda Limachi, debatió sobre los avances y retos en la implementación de la Ley 31405 y la Ley 31887, normas que garantizan asistencia económica y pensiones de orfandad a niñas, niños y adolescentes, con especial atención a comunidades campesinas, nativas e indígenas.

De acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el Perú existen alrededor de 290,000 niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad. De este universo, unos 190,000 cumplen los criterios de priorización para acceder a la asistencia económica; sin embargo, a la fecha poco más de 100,000 ya reciben el subsidio, lo que refleja la necesidad de acelerar los procesos de identificación y cobertura.

Actualmente, el apoyo económico asciende a S/200 mensuales por menor, con pagos bimestrales de S/400, alcanzando hasta S/2,000 cada dos meses en hogares numerosos. Además, se viene diseñando el nuevo programa «Cusiñan», que reforzará la protección integral de la niñez en orfandad.

El RENIEC informó que ya se ha alcanzado una cobertura de identificación del 99.2 % de la población nacional, gracias a 480 oficinas y más de 10,000 campañas móviles anuales, lo que permitirá validar con rapidez la condición de orfandad y evitar duplicidades en la entrega de beneficios.

El Ministerio de Salud expuso los avances en salud mental, subrayando que uno de cada diez niños en edad escolar presenta síntomas de déficit de atención e hiperactividad, lo que demanda mayor cobertura de servicios especializados. Asimismo, se destacó la descentralización de tratamientos en provincias como Condorcanqui, aunque persisten graves dificultades de acceso en zonas amazónicas, donde el traslado puede demorar entre 24 y 48 horas.

Al cierre de la sesión, la presidenta de la Comisión, congresista Esmeralda Limachi, exhortó a los ministerios involucrados a agilizar la publicación de los reglamentos pendientes y asegurar el presupuesto necesario. Remarcó la urgencia de cerrar las brechas en la cobertura, enfatizando que «la protección de la infancia no puede esperar. Debemos garantizar que los recursos lleguen a tiempo, especialmente a las comunidades más alejadas del país, donde la falta de presencia estatal sigue siendo un obstáculo para llegar a las familias más vulnerables».

DESPACHO CONGRESAL