La vice ministra de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino Gamarra y Cecilia Aldave Ruíz, respectivamente, informaron que del 17 de marzo al 30 de junio de este año, se reportaron 3 mil un casos de desapariciones de niños, niñas, adolescentes; de esta cifra, 737 son casos de mujeres desaparecidas y dos mil 264 son niños, niñas y adolescentes (NNA).

Esta revelación la hicieron durante su participación en la sesión extraordinaria virtual de la Comisión de la Mujer y Familia que preside la legisladora Carolina Lizárraga (Partido Morado).

Las funcionarias explicaron que mediante el Programa Nacional Aurora se ha iniciado el proceso de cotejo de la información remitida por la Defensoría del Pueblo con la base de datos de los servicios del programa mencionado, encontrando preliminarmente que de los 73 feminicidios hasta el 28 de julio pasado, 15 correspondían a personas que habían sido reportadas como desaparecidas.

La data de la violencia en el país no está centralizada, en el registro de casos de los Centros de Atención a la Mujer se han identificado 76 mujeres víctimas usuarias que fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales 55 son casos de niñas, niños y adolescentes y 21 son mujeres adultas.

La Línea 100, un servicio telefónico para denunciar casos de violencia familiar, ha identificado a 40 personas que fueron referidas, de las cuales 16 son mujeres y 24 son NNA.

El Ministerio de la Mujer está impulsando trabajo directo con los propios niños y adolescentes enfocándolos como agentes de cambio contándose actualmente con 569 Consejos Consultivos de NNA. Con ellos se trabaja mensajes y piezas comunicacionales, se promueven espacios de cambio sobre situaciones de riesgo y alerta.

El Ministerio de la Mujer se encuentra en el proceso de implementar un Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar para la adecuada implementación de medidas de atención en casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad. ( DL 1428, modificado por el Congreso para agilizar por ejemplo en casos de concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones y que estén obligados a brindar datos de localización o geolocalización dentro del plazo máximo de 24 horas, bajo apercibimiento.)

La vice ministra sostuvo que toman acciones en coordinación con el Ministerio del Interior para lograr una real inter operatividad que les permita compartir datos y arribar a una misma lectura en coordinación también con otros sectores de la sociedad civil que participen de manera activa en la lucha contra la violencia familiar.

Sin embargo reconocieron que pese al esfuerzo desplegado y el trabajo de 19 unidades de protección especial, aún falta implementar más juzgados de familia en los diferentes Distritos Judiciales del país y señaló como un nudo crítico la necesaria intervención oportuna que debe desplegarse en las tres primeras horas de la desaparición y no esperar las 24 horas después de la misma.

La parlamentaria Rita Ayasta (FP) sostuvo que el confinamiento ha demostrado que las mujeres no estamos seguras ni en nuestros hogares y denunció casos de desaparición en la región Lambayeque que solo de enero a julio del presente año registró a 43 mujeres desaparecidas.

La legisladora reclamó el accionar del Ministerio de la Mujer con una mirada descentralista y pidió la implementación del programa Aurora para las regiones con más altos índices de violencia.

La parlamentaria Rocio Silva Santiesteban (Frente Amplio) se refirió a la urgente necesidad de contar con un registro unificado para casos de violencia y desaparición de niños adolescentes y mujeres. Del mismo modo centralizar y registrar los casos que se resuelvan.

También remitió solicitudes que le fueron entregadas por los trabajadores del Programa Aurora, quienes denuncian que no han tenido acceso a la atención en salud durante el periodo de emergencia por falta de pagos, recordando que al interior del Congreso se ha cuestionado duramente la existencia aún de trabajadores con contratos CAS.

La congresista Yesica Apaza (Unión Por el Perú), se refirió a las cifras de desapariciones que indicarían que en nuestro país cada 3 horas se pierde una mujer. «Esta realidad que no solo se vive en el Perú se ha incrementado en el mundo producto de la pandemia y se necesitan medidas específicas para que tengan un impacto esperado de solución», dijo.

«El Estado tiene la obligación de cumplir con la debida diligencia y que todo no se circunscriba a bonitos discursos. De las 67 mil llamadas reportando violencia familiar, al 10 de junio solo se habían atendido 5 mil. Hay un desfase preocupante», refirió.

La legisladora Arlette Contreras (NA) exigió la implementación de un portal web para atender denuncias en red y que la lucha contra la violencia sea una prioridad para el Estado. Sostuvo su malestar porque en el último discurso de Pedro Cateriano Bellidi ante el Congreso el tema de la violencia contra la mujer NNA no fue tomado en cuenta.

Lima, 6 de agosto de 2020

PRENSA-CONGRESO