La Comisión Permanente aprobó el martes 10 el informe de evaluación del Decreto de Urgencia 002-2020 que establece medidas para la lucha contra la informalidad en la prestación de servicios educativos de educación básica de gestión privada y para el fortalecimiento de la educación básica brindada por instituciones educativas privadas.

La votación nominal fue de 11 votos a favor ninguno en contra y 7 abstenciones.

El coordinador del grupo, Édgar Ochoa, señaló que el dispositivo contempla la necesidad de enfrentar la alta vulnerabilidad e informalidad en la promoción de la educación básica privada.

Dijo que la norma tiene la finalidad de garantizar que el servicio educativo brindado por las instituciones educativas privadas de Educación Básica, contribuya al cumplimiento de los fines de la educación peruana y a la efectiva tutela del derecho a la educación de los menores en el país.

En ese sentido, establece precisiones sobre el propietario o promotor de las instituciones educativas; cambios en los procedimientos para autorizaciones de prestación de servicios educativos del sector; potestad sancionadora en los servicios educativos de educación básica privada; información sobre exigencias y cobros prohibidos, obligación de devolver la cuota de ingreso a los padres de familia, y otros.

El congresista Justiniano Apaza se manifestó de acuerdo con la medida porque –dijo- corregirá males que en el pasado afectaron al sector.

La congresista Lisbeth Robles criticó que se exija que los colegios públicos pidan para efectos de la matrícula el no tener deuda en los colegios privados.

Por su lado, Milagros Salazar se pronunció por el cierre de los colegios que no tienen licencia, pero calificó la norma de inconstitucional porque afecta a entidades que son pequeñas empresas y libera a los deudores de su responsabilidad de hacer sus pagos y cambiarse a colegios públicos, dejando atrás la falta de recursos para el pago de profesores y necesidades de los colegios de donde se están trasladando.

NO HUBO ACUERDO
Antes, la Comisión Permanente no alcanzó el acuerdo respectivo (8 a favor, ninguno en contra y 13 abstenciones) sobre el Decreto de Urgencia 017-2020 que establece medidas para el fortalecimiento de la gestión y el licenciamiento de los Institutos y Escuelas de Educación Superior.

Será el próximo Congreso y a la comisión que corresponda, realizar el estudio y análisis respectivo de este dispositivo legal.

Para el congresista Marco Arana el DU no soluciona el problema de los institutos educativos porque hace que la acreditación descanse sobre los mismos recursos financieros que tienen estas entidades, y que se promueva personal por CAS, se viole y se precarice la condición laboral de los docentes.

“Preocupa el tema de los recursos y la forma discriminatoria que existe”, dijo Arana Zegarra, quien advirtió que los generados por otras fuentes, como lo de los gobiernos regionales, tampoco pueden ser dirigidos a los institutos.

Por su lado, la congresista Lizbeth Robles, coincidió en criticar el dispositivo por no dirigir recursos para el sector, con lo que no se podrán cumplir los objetivos educativos previstos debido a la falta de presupuesto.

A su turno, el legislador Clemente Flores rechazó algunos criterios que califican al decreto mencionado de inconstitucional, porque este constituye el marco legal que se requiere para mejorar la educación en el país, al margen de ir perfeccionándolo en el camino.

La congresista Milagros Salazar lamentó que no haya en Lima institutos licenciados y que en dos años solo lo fueron cinco institutos públicos. “¿En dos años van a licenciar a 975 institutos públicos?”, se preguntó.

Entre las recomendaciones que fueron dadas a conocer por la coordinadora del grupo, congresista Milagros Salazar, se encontraban la de asignar el presupuesto suficiente que permita la ejecución y puesta en marcha del mismo.

A fin de lograr los beneficios académicos y pedagógicos que se propone el decreto de urgencia recomienda que se debe dotar de personal suficiente, especializado y por concurso a través de la Autoridad nacional del Servicio Civil (SERVIR) para garantizar la transparencia del concurso y la selección de profesionales competentes e idóneos.

Asimismo, entre otros, que este sector pueda acceder a los beneficios de la Ley del Canon; y considera urgente que se analicen los decretos para que se elimine el trato discriminatorio y diferenciado contra los institutos.

Finalmente, el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, citó a los congresistas para el próximo jueves a fin de analizar los dos últimos decretos de urgencia pendientes, con lo cual se culminará con el encargo del Poder Ejecutivo al Legislativo.

PRENSA-CONGRESO