Se aprobó por mayoría el informe final del grupo de trabajo que analizó el Decreto de Urgencia 032– 2019, que regula un retorno gradual a la regla de resultado económico del sector público no financiero y modifica el DL 1441, del Sistema Nacional de Tesorería, durante la sesión de hoy en la Comisión Permanente.

El presidente del Congreso de la República y coordinador del grupo de trabajo, Pedro Olaechea, sustentó el informe. De acuerdo al documento, “el Decreto de Urgencia cumple con los requisitos formales y sustanciales del test constitucional”.

Además, señaló, de acuerdo a las recomendaciones, que la Comisión especializada de esta materia en el próximo Congreso, “realice un seguimiento al manejo de la Cuenta Única de Tesoro (CUT), considerando la flexibilidad otorgada en el uso de los recursos públicos”.

También que “la dación de futuros decretos de urgencias relacionadas con las modificaciones a las reglas macrofiscales, previamente se deba contar con la opinión del Consejo Fiscal o del Banco Central de Reserva del Perú (BCR)”.

En el debate, el congresista Gilbert Violeta sugirió incluir en las recomendaciones del informe final “que la Comisión Permanente recomiende al nuevo Congreso la aprobación de una ley que establezca responsabilidades, obligaciones y sanciones para los funcionarios que incumplan las reglas fiscales sobre la base del Proyecto de Ley 013 – 2006, que fue archivada cuando estaba pendiente en segunda votación”. El párrafo será incluido en el documento final.

DU 034-2019 SERÍA INCONSTITUCIONAL
Posteriormente, la Comisión Permanente aprobó, por mayoría, el informe final del grupo de trabajo que analizó el Decreto de Urgencia 034-2019, que modifica la Ley 30220, Ley Universitaria, para el fortalecimiento de la rectoría del ministerio de educación.

“El verdadero fin de este Decreto de Urgencia es intervenir las universidades públicas”, señaló la congresista Milagros Salazar, coordinadora del grupo de trabajo.

Salazar, al sustentar el informe, indicó, que de acuerdo a las recomendaciones del mismo, “que el nuevo Congreso derogue este Decreto de Urgencia por no cumplir con los parámetros de necesidad y transitoriedad y por ser inconstitucional”.

Además, que “el nuevo Congreso recomiende al Poder Ejecutivo que asigne presupuesto adicional a las universidades públicas del país para que puedan cumplir y mejorar las condiciones básicas de calidad que exige el licenciamiento a cargo de la SUNEDU”.

Por su parte, el congresista Edgar Ochoa, quien presentó un informe en minoría, dijo que el Decreto de Urgencia busca recuperar al Ministerio de Educación como ente rector de la educación en el país.

“Cuando por un tema de funcionamiento de la universidad, no se alcanzan condiciones básicas de calidad y se vulnera el derecho de los jóvenes de continuar con sus estudios, creemos que el Estado sí debe de entrar a fortalecer la universidad”, indicó Ochoa.

PRENSA-CONGRESO