Convencidos de la necesidad de consolidar la calidad educativa salvaguardando la seguridad e integridad de los estudiantes, y garantizando su formación integral para el desarrollo de capacidades y competencias, la Comisión Permanente aprobó, hoy, 29 de enero, con 18 votos a favor y tres abstenciones, el informe favorable del Decreto de Urgencia 019-2019.

El análisis de dicho dispositivo legal revela que se reportaron 18 mil 560 casos de violencia contra estudiantes desde el 15 de setiembre de 2013 al 31 de diciembre de 2019, según la Defensoría del Pueblo.

“Todos estamos de acuerdo con salvaguardar la integridad de nuestros menores”, dijo la congresista Rosa Bartra Barriga.

Sin embargo, el informe elaborado por el grupo de trabajo liderado por la congresista Lizbeth Robles Uribe advierte que el dispositivo legal puede ser perfeccionado.

“Se recomienda incorporar en la relación de tipos penales que ameritan la aplicación de medidas excepcionales, la publicación en los medios de comunicación sobre delitos de libertad sexual contra niños, niñas y adolescentes y las exhibiciones y publicaciones obscenas”, dijo la parlamentaria al sustentar dicho informe.

El Decreto de Urgencia 019 -2019 modifica la Ley 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas.

Este dispositivo legal también crea el registro de personas condenadas o procesadas por delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal.

En su intervención, la congresista Milagros Salazar de la Torre consideró pertinente que se extienda el ámbito de aplicación de la norma a funcionarios y trabajadores del sector que, sin tener influencia directa en la prestación del servicio educativo, puedan tomar decisiones sobre la gestión y la política educativa en general. “Hay funcionarios o servidores que usan su posición para evitar ser pasibles de sanción”, acotó.

DU 012-2019
Previamente, la Comisión Permanente no dio luz verde al informe aprobado del Decreto de Urgencia 012-2019, que establece medidas para fortalecer la seguridad vial en la prestación del servicio de transporte público terrestre de carga y del transporte regular de personas de ámbito nacional. Fue con seis votos a favor, diez en contra y seis abstenciones.

Dicho dispositivo legal establece el beneficio de devolución del 53 % del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicable al combustible Diésel B5 y B20, a los prestadores del servicio de transporte público terrestre de carga y del servicio de transporte regular de personas de ámbito nacional.

El congresista Clemente Flores Vílchez, coordinador del grupo de trabajo que presentó el informe final, dijo que esta norma sí beneficia a la seguridad vial y en la reducción de los accidentes de tránsito, y subrayó que el beneficio está condicionado y no se da abiertamente.

“Es inconstitucional este decreto, el análisis constitucional supera cualquier análisis de fondo que se pueda hacer”, dijo por su parte la congresista Rosa Bartra, quien coincidió con su colega Ángel Neyra Olaychea.

Sin embargo, el parlamentario Justiniano Apaza Ordoñez sostuvo que “este decreto de urgencia no es nuevo y tiene un efecto multiplicador porque los camioneros empiezan a facturar, y entonces le exige al llantero, al garajero, al mecánico, que facture en consecuencia se recupera con creces la recaudación en beneficio del Estado y de la formalización”, dijo.

Finalmente, la congresista Karina Beteta Rubín aseguró que “nadie se opone a la formalización del transporte, pero no pueden decir falsamente que con este decreto ya no va haber accidentes”, y enfatizó que “lo que han hecho es subir los beneficios, por eso corresponderá al próximo Congreso hacer el análisis respectivo”.

CENTRO DE NOTICIAS
PRENSA-CONGRESO 29-01-2020

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