La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Lady Camones Soriano (bancada APP), aprobó por 11 votos a favor, 1 votos en contra y cero abstenciones, el informe de calificación que declara admitir a trámite de la Denuncia Constitucional 706 contra la exfiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, por la presunta comisión del delito de peculado de uso.

La denuncia fue formulada por el fiscal de la nación, Tomás Gálvez Villegas, quien acusa a la exmagistrada de que en el periodo del 20 de setiembre y el 28 de octubre del 2025 habría utilizado para fines de uso personales un vehículo oficial pese a hallarse suspendida en el ejercicio del cargo de fiscal suprema.

INFORMES FINALES

Previamente, la subcomisión aprobó los informes finales que concluyeron en archivar tres denuncias constitucionales.

El primero fue el informe final correspondiente a la Denuncia Constitucional 482 y 506 acumuladas contra la congresista Magaly Ruíz Rodríguez (bancada APP), por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada, instigadora del delito contra la administración pública, y contra la administración pública.

A la legisladora se le imputaban tres acciones, que, luego de ser evaluadas, se determinó que no existen elementos de convicción suficientes que permitan sostenerlas. En consecuencia, se propuso archivar las denuncias en todos sus extremos. Obtuvo 7 votos a favor, cero votos en contra y 4 abstenciones.

El segundo informe final es el correspondiente a las denuncias constitucionales 393, 394, 408 y 489 acumuladas, contra el congresista Jorge Flores Ancashi (bancada APP), por presunta infracción constitucional y la presunta comisión del delito de concusión y enriquecimiento ilícito. Aprobado por mayoría: 8 votos a favor, cero votos en contra y 2 abstenciones.

El tercer informe final corresponde a la Denuncia Constitucional 206 contra el expresidente de la república, Pedro Castillo Terrones; y los exministros Guido Bellido Ugarte, Mirtha Vásquez Chuquilín y Pedro Francke Ballvé, por presunta infracción constitucional. Aprobado por mayoría: 9 votos a favor, cero votos en contra y 2 abstenciones.

IMPROCEDENTES

En otro momento, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó ocho informes de calificación que declaran improcedentes igual número de denuncias constitucionales.

El primer informe corresponde a la Denuncia Constitucional 584 contra la excongresista María Del Pilar Cordero Jon Tay por la posible comisión del delito de peculado doloso. Fue aprobado por unanimidad (11 votos).

El segundo corresponde a la Denuncia Constitucional 597 contra los exministros de Estado, Morgan Quero Gaime y Angela Hernández Cajo, por la posible comisión del delito de discriminación. Fue aprobado 9 votos a favor, cero votos en contra y 3 abstenciones.

El tercero corresponde a la Denuncia Constitucional 679 contra el fiscal de la nación, Tomás Gálvez Villegas, por presunta infracción constitucional. Fue aprobado por 9 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención.

El cuarto corresponde a la Denuncia Constitucional 693 contra el expresidente de la república, José Jerí Oré; el presidente del Congreso (e) Fernando Rospigliosi Capurro y los vicepresidentes del Congreso, Waldemar Cerrón Rojas e Ilich Fredy López Urena; y contra exministros de Estado por presunta infracción constitucional y la posible comisión de diversos delitos. Fue aprobado por 9 votos a favor, 3 votos en contra y cero abstenciones.

El quinto informe corresponde a la Denuncia Constitucional 699 contra los miembros del Tribunal Constitucional Imelda Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez, por presunta infracción constitucional y la posible comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Fue aprobado por 10 votos a favor, 2 votos en contra y cero abstenciones.

El sexto corresponde a la Denuncia Constitucional 709, formulada contra el congresista Arturo Alegría García (bancada FP) y el fiscal de la nación, Tomás Gálvez Villegas, por presunta infracción constitucional y la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible. Fue aprobado por unanimidad (11 votos).

El séptimo corresponde a la Denuncia Constitucional 710, contra la exfiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, la expresidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, y los congresistas Martha Moyano Delgado y José Williams Zapata; el cual no precisa el delito de función ni la presunta infracción a la Constitución. Fue aprobado por 10 votos a favor, 1 voto en contra y cero abstenciones.

El octavo informe corresponde a la Denuncia Constitucional 717, formulada contra el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Rios, por presunta infracción constitucional y la presunta comisión del delito de atentados contra el derecho de sufragio. Fue aprobado por 9 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL