Las propuestas de reglamentación y sus implicaciones vertidas en el Decreto Supremo 010-2019 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, orientadas a proteger la infraestructura sanitaria y el medio ambiente en diversas actividades —principalmente las vinculadas a los mercados de abastos, entre otros factores—, fueron abordadas el miércoles 17 en una mesa de trabajo denominada «Consenso del DS 010-2019».

El evento fue organizado por el despacho de la legisladora Noelia Herrera Medina (Grupo Parlamentario Renovación Popular) y contó con la participación de funcionarios de diversas instituciones públicas y representantes de algunos mercados de Lima y Callao.

La parlamentaria dio a conocer que el Decreto Supremo N.° 010-2019-VIVIENDA aprueba el Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA), y señaló que su implementación exige que los usuarios no domésticos (UND) traten sus aguas residuales antes de verterlas al alcantarillado, garantizando así el cuidado de la infraestructura sanitaria. Refirió que dicho marco legal establece que la implementación por parte de los negocios e industrias involucra algunos pasos necesarios, como la identificación de parámetros. En tal sentido, las empresas deben asegurar que sus aguas residuales cumplan con los límites permitidos para contaminantes comunes de acuerdo con la tabla de valores y elementos, entre otras demandas como las de oxígeno, sólidos, aceites y grasas.

«Esta reunión busca consensos que permitirán trabajar en una nueva propuesta alternativa al decreto supremo en mención para ayudar a los beneficiarios, emprendedores, mercados y otras actividades afines a identificar los parámetros de los usuarios, con el fin de asegurar que sus aguas residuales cumplan con los límites permitidos. El objetivo es proteger la infraestructura sanitaria y el medio ambiente en diversas actividades, principalmente las vinculadas a los mercados de abastos», manifestó.

Otros temas tratados fueron la identificación y el registro de los UND, así como la inconsistencia en la metodología de identificación de estos usuarios, lo que resulta en un subregistro o segmentación incompleta, especialmente de las mipes (micro y pequeñas empresas), entre otros aspectos vinculados a la materia.

Max Carbajal, funcionario del Ministerio de Vivienda, señaló que existe un deterioro de las redes de alcantarillado y de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el ámbito urbano debido a descargas de efluentes de usuarios no domésticos por encima de los Valores Máximos Admisibles. Esto compromete la calidad del servicio de saneamiento. Asimismo, advirtió sobre la falta de uniformidad y los vacíos normativos en procedimientos, monitoreo y logística, además de una dependencia crítica de laboratorios externos acreditados por el Inacal, lo que genera falta de uniformidad y vacíos, entre otros aspectos.

También participaron en la reunión representantes de la OTASS, Solange Agramonte; del Inacal, Víctor García; de Sedapal, César Quiroz; y del Ministerio de Vivienda, Ana Vergara, entre otros invitados quienes dieron a conocer las diversas acciones que vienen desarrollando sus respectivas instituciones en relación con este caso. Asimismo, formaron parte de la reunión representantes de diversos mercados de abastos, como el delegado del mercado San Pedro de Bellavista (Callao), Pablo Canto; del mercado El Porvenir, Humberto Agurto; de Villa Pachacútec, Cristina Sánchez; de Multiplaza Próceres, Alejandro Sánchez; y de la Cooperativa Lampa de Oro, entre otros representantes.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL