La Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por el congresista Arturo Alegría (bancada FP), aprobó por mayoría el dictamen de insistencia recaído en la observación del Poder Ejecutivo a la autógrafa de la “Ley de gestión integral de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, y de la declaración jurada de intereses”, correspondiente al Proyecto de Ley 4850/2022-CG.

Durante la tercera sesión extraordinaria del periodo anual de sesiones 2025-2026, el grupo de trabajo respaldó la insistencia con 16 votos a favor y 1 en contra, en los mismos términos de la autógrafa aprobada por el Pleno del Congreso de la República el 14 de mayo de 2026.

OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO
Vale indicar que el Poder Ejecutivo formuló observaciones a la autógrafa mediante el Oficio N.° 180-2026-PR, de fecha 15 de junio de 2026. Según el documento, el Ejecutivo cuestionó dos aspectos centrales: una presunta afectación a la potestad reglamentaria del Gobierno y una supuesta falta de justificación de la autógrafa de ley.

Respecto al primer punto, el Ejecutivo sostuvo que la disposición que autoriza a la Contraloría General de la República a emitir el reglamento para implementar la norma podría invadir una competencia del Presidente de la República. Sin embargo, la comisión desestimó ese argumento al considerar que la Contraloría actuaría únicamente dentro del ámbito de sus competencias y con fines operativos, técnicos y procedimentales.

Además, el dictamen recordó que la Constitución reconoce autonomía a la Contraloría y que existen antecedentes normativos en materia de declaraciones juradas, como la Ley 31227, que también encargó a esa entidad emitir disposiciones para implementar el régimen de declaración jurada de intereses.

Sobre la presunta falta de justificación, la comisión sostuvo que la autógrafa no reduce los estándares de transparencia, sino que integra y reorganiza en un solo cuerpo normativo las obligaciones vinculadas a la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, así como a la declaración jurada de intereses.

El texto aprobado establece un régimen integral para la gestión, presentación, publicidad, control y fiscalización de estas declaraciones juradas, bajo la rectoría y supervisión de la Contraloría General de la República. La autógrafa contiene 16 artículos, cinco disposiciones complementarias finales, tres disposiciones complementarias transitorias y una disposición complementaria modificatoria.

Asimismo, el dictamen precisa que el acceso a la información pública se mantendrá conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a la Ley de Protección de Datos Personales. En esa línea, la comisión afirmó que la derogación de las leyes 27482, 30161 y 31227 no genera un vacío legal, debido a que la nueva propuesta incorpora sus materias en un marco normativo más amplio y ordenado.

CONTROL POLÍTICO
En la misma sesión, la Comisión de Constitución también aprobó dictámenes de control político recaídos en los decretos legislativos 1705, 1423 y 1393. Estas normas se relacionan con el reconocimiento de aprendizajes previos en educación técnico-productiva, la devolución del Impuesto General a las Ventas y la interdicción de actividades ilegales en pesca, respectivamente.

Por su parte, Arturo Alegría explicó, en representación del grupo de trabajo, que la comisión coincidía con el análisis realizado por la Subcomisión de Control Político respecto de los decretos legislativos sustentados. Además, ratificó que, en todos los casos, dichos dispositivos cumplieron con los parámetros constitucionales y reglamentarios exigidos para su emisión.
En ese marco, los dictámenes de control fueron aprobados por mayoría con 15 votos a favor y 2 abstenciones.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL