Comisión de Constitución y Reglamento aprueba dictamen que recoge recomendación del TC
Fijan en 13 % aporte para pensiones de trabajadores públicos comprendidos en el Decreto Ley 20530
Centro de Noticias del Congreso
28 Abr 2026 | 12:54 h
La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó, por mayoría (13 votos a favor y 7 abstenciones), el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 13517/2025-PJ, que propone modificar la Ley 28047 con el objetivo de fijar en 13 % el aporte destinado al fondo de pensiones de los trabajadores del Sector Público Nacional comprendidos en el régimen del Decreto Ley 20530.
El dictamen establece la modificación del artículo 1 de la referida norma, precisando que el aporte para pensiones a cargo de los trabajadores de dicho régimen previsional asciende al 13 % de la remuneración.
Durante la sustentación, el presidente de la comisión, Arturo Alegría García (FP), señaló que la iniciativa busca otorgar claridad normativa y uniformidad en el porcentaje de contribución aplicable a este sector.
Asimismo, el texto legal se incorpora una disposición complementaria final que garantiza la validez de los aportes realizados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, los cuales mantienen su eficacia y no podrán ser objeto de devolución, incluso si hubieran superado el porcentaje establecido.
Según el análisis costo beneficio, este dictamen beneficiará a trabajadores del Sector Público Nacional ya que “establece un porcentaje fijo, cierto y previsible de aportación (13 %), evitando la aplicación de descuentos progresivos superiores que puedan resultar desproporcionados o confiscatorios. Ello protege el principio de razonabilidad y permite mayor estabilidad en la planificación económica personal y familiar”.
Cabe indicar que, a partir de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en el Exp.0030-2004-AI/TC, se justifica que el Congreso de la República regule sobre el criterio de aportación de los trabajadores del sector público nacional comprendidos en el Decreto Ley 20530.
TRATADOS INTERNACIONALES EJECUTIVOS
En otro momento de la sesión, los integrantes de la comisión aprobaron en bloque los dictámenes de control de diversos Tratados Internacionales Ejecutivos, con 17 votos a favor y 2 abstenciones.
Entre los instrumentos aprobados se encuentran el Convenio de Donación para Objetivos de Desarrollo entre los Estados Unidos de América y la República del Perú; el Addendum N.° 1 al convenio de financiación para el apoyo a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado; el convenio de financiación con la Unión Europea para el programa de apoyo presupuestario al aseguramiento universal en salud; el Acuerdo de Cooperación Técnica 2020 con Alemania; así como acuerdos de cooperación con la Organización de los Estados Americanos en materia jurídica y lucha
contra la corrupción.
También se aprobaron acuerdos vinculados a la transferencia de activos decomisados con los Estados Unidos, programas de incentivo presupuestario descentralizado con Suiza, y el protocolo adicional con el Reino de Tailandia para la liberalización del comercio de mercancías, entre otros instrumentos orientados al fortalecimiento de la cooperación internacional.
REFORMA CONSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA
Finalmente, la congresista María del Carmen Alva Prieto (bancada AP) sustentó el Proyecto de Ley 13822/2025-CR, de su autoría, que plantea una reforma constitucional para la creación del Sistema de Justicia y establece las bases y condiciones para su correcto funcionamiento.
PLANTEAN REUNIÓN CONJUNTA POR SITUACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL
Durante la sección pedidos, la congresista Gladys Echaíz (HyD9 expresó su profunda preocupación por la integridad del sistema electoral peruano y la defensa de la democracia representativa. En ese contexto, cuestionó la inacción del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y solicitó una intervención urgente del Congreso.
En esa línea, planteó la convocatoria a una reunión extraordinaria con carácter de urgencia para analizar la situación, así como la invitación a expertos y estadistas para evaluar los estudios técnicos disponibles.
“La responsabilidad política de defender la Constitución y el orden constitucional recae en el Congreso y, en particular, en esta comisión”, afirmó.
El pedido fue respaldado por los congresistas Juan Carlos Lizarzaburu (APP), Luis Aragón (AP), Morante Figari (SP) y Alva Prieto (AP).
A raíz de estas solicitudes, se acordó realizar, a la brevedad posible, una sesión conjunta con la Comisión de Fiscalización y Contraloría para abordar este tema de manera integral.
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