La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó, esta mañana, el dictamen recaído en los proyectos de ley 8676/2024-CR, 13223/2025-CR y otros que propone autorizar la incorporación, de manera excepcional y progresiva, de los trabajadores de Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 1057 (CAS) en condición de plazo indeterminado al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

El resultado de la votación fue 23 a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.

Esta iniciativa tiene como objetivo central fortalecer la autoridad sanitaria nacional mediante la estabilización de su capital humano, eliminando la precariedad del sistema CAS en funciones que son de naturaleza permanente.

No obstante, en el texto se establecen criterios de acceso estricto que garantizan que están transición no sean proceso indiscriminado.

Por ello, se ha diseñado un filtro de idoneidad donde solo el personal que ya cuenta con contrato a plazo indeterminado y que cumple rigurosamente con los perfiles de puesto actuales puede participar, asegurando que el beneficio se alinee directamente con la meritocracia técnica que la institución requiere para proteger las fronteras sanitarias.

Al exigir un concurso de méritos se asegura que el transito al régimen laboral de la actividad privada sea el resultado de una evaluación de desempeño y capacidades, brindando así la calidad del servicio civil en el sector agrario.

Cabe señalar que el Proyecto de Ley 12336/2025-CR identifica un universo de 1,489 trabajadores bajo la condición de CAS indeterminado, cuya incorporación progresiva al régimen al DL 728 generaría un costo incremental máximo de 17.2 millones de soles al tercer año de su implementación.

En ese contexto, el dictamen plantea contar con una entidad que incentiva la retención del talento y previene la conflictividad judicial asegurando que la sanidad agraria y el motor agroexportador del país descansen sobre los hombros de un personal estable, capacitado y debidamente formalizado.

PETROPERÚ Y FONAFE BRINDARON INFORMES

A primer turno, la comisión recibió a las máximas autoridades de la empresa nacional Petroperú, Roger Arévalo; y del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial de Estado (FONAFE), Pedro Tapia, para que informen sobre la ejecución presupuestal del Año Fiscal 2025, plan estratégico corporativo, presupuesto del año fiscal en curso y sus avances de ejecución; así como la situación financiera de la entidad, estado de endeudamiento, entre otros temas.

El presidente de este grupo de trabajo, congresista Alejandro Soto Reyes (bancada APP) explicó que la concurrencia de ambos titulares responde a lo establecido en la Ley 31704, Ley que modifica el DL1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, por el cual tienen la obligación de concurrir a la comisión hasta el 30 de abril cada año.

Ante la actual situación financiera por la que atraviesa Petroperú, los parlamentarios Magaly Santisteban Suclupe (bancada FP), Katy Ugarte Mamani (bancada JP-VP-BM) y Jorge Marticorena Mendoza (bancada APP) cuestionaron la operatividad de la refinería de Talara, uno de los principales activos de Petroperú, la cual no estaría funcionando ni al 50 % de su capacidad.

Por su parte, el presidente de directorio de Petroperú anunció que han solicitado al Ejecutivo alrededor de 2,000 millones de dólares debido a la falta de liquidez para pagar a sus proveedores, lo que podría ocasionar el desabastecimiento de petróleo.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL