La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó, por unanimidad, el dictamen que fortalece el bloqueo de comunicaciones ilegales en establecimientos penitenciarios y centros juveniles del país.

La iniciativa, impulsada por el congresista José Luna Gálvez, establece que las empresas operadoras deberán brindar el apoyo técnico y logístico para los operativos de detección y neutralización de comunicaciones ilegales dentro de los penales o centros juveniles.

Asimismo, las empresas tienen el deber de entregar en el plazo de 72 horas la información de todos los datos de los equipos y chips cuando son incautados durante las requisas en establecimientos penitenciarios o centros juveniles.

“Cuando existan indicios de la comisión de delitos graves, mediante el uso de equipos de comunicación no autorizados, la SUNIR podrá solicitar al Ministerio Público la autorización para realizar operativos de detección y neutralización de señales en áreas específicas. Estos operativos deberán contar con el apoyo técnico y logístico de las empresas operadoras”, indicó.

 INTERRUPCIÓN

Además, explicó, la norma realiza la prohibición expresa a las empresas operadoras de prestar servicios de telecomunicaciones en los penales, obligando a las operadoras a garantizar la interrupción total de las señales en estas zonas.

“Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones y su participación en el contexto de la prohibición de comunicaciones ilegales en los centros penitenciarios y centros juveniles”, explicó Luna Gálvez.

De igual modo, explicó que las empresas operadoras, a solicitud del Ministerio Público, de la SUNIR o de la Policía, están obligadas a proporcionar, en máximo 72 horas, la información sobre la titularidad del equipo terminal móvil y del abonado de la tarjeta SIM Card, así como el reporte de las comunicaciones realizadas.

 ÁREA RESTRINGIDA

“Otro cambio significativo es la redefinición del área de 200 metros alrededor de los penales como zona restringida, donde quedará prohibida la instalación de antenas, así como el desarrollo de actividades comerciales y la construcción de viviendas”, sostuvo el líder de Podemos Perú.

Luna Gálvez explicó que el proyecto surge en un contexto en el que las autoridades han detectado que buena parte de las extorsiones, estafas y coordinaciones delictivas se originan desde el interior de los penales.

Solo entre julio y diciembre de 2025, el INPE incautó más de 950 celulares y 1,400 accesorios, una cifra que evidencia la magnitud del problema.