El Pleno del Congreso aprobó el dictamen de insistencia frente a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo sobre la autógrafa de la ley que modifica la Ley 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, con el objetivo de establecer precisiones y ampliar disposiciones orientadas a combatir la informalidad en la prestación de servicios educativos en el Perú.

La iniciativa legislativa reúne los proyectos de ley 3135/2022-CR, 5073/2022-CR, 6192/2023-CR, 6411/2023-CR y 6855/2023-CR, impulsados desde la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.

En el curso del debate, el presidente del mencionado grupo de trabajo, Segundo Montalvo, sustentó la insistencia y señaló que el Ejecutivo había observado previamente la autógrafa al advertir supuestas redundancias normativas, conflictos de competencia, retrocesos vinculados al silencio administrativo, riesgos para la calidad educativa y eventuales afectaciones al derecho del consumidor. Sin embargo, el legislador afirmó que la comisión revisó cada una de esas objeciones y concluyó que carecían de sustento.

“Todas estas observaciones han sido analizadas y desvirtuadas por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte”, sostuvo Montalvo ante la representación nacional.

En ese contexto, el parlamentario explicó que la propuesta normativa busca precisar el marco legal que regula las autorizaciones básicas para el funcionamiento de los centros educativos privados. Asimismo, detalló que la ley establece obligaciones específicas para los directores de estas instituciones y fortalece el rol fiscalizador del Ministerio de Educación, a través de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y las direcciones regionales de educación, encargadas de supervisar el cumplimiento de la normativa vigente y sancionar posibles irregularidades.

De acuerdo con el presidente de la comisión, la insistencia legislativa responde a la necesidad de enfrentar la informalidad que persiste en el sector educativo privado y de garantizar estándares adecuados para la prestación de los servicios educativos.

“Proponemos insistir en esta autógrafa en aras del continuo mejoramiento de los servicios educativos a nivel nacional, en beneficio de las futuras generaciones, cuyo derecho constitucional es recibir una educación de calidad”, afirmó.

Tras el debate, el Pleno del Congreso respaldó la propuesta con 71 votos a favor, 4 en contra y 17 abstenciones, resultado que permitió aprobar la insistencia sin requerir segunda votación.

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