En Comisión de Defensa del Consumidor

Aprueban dictámenes para precisar plazo de prescripción administrativa y el fortalecimiento de la protección del consumidor digital

Centro de Noticias del Congreso

02 Dic 2025 | 17:03 h

La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Público aprobó cuatro dictámenes recaídos en sendos proyectos de ley, entre los cuales destacan la propuesta para modificar la Ley 29571, a fin de precisar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la infracción administrativa y el fortalecimiento de la protección del consumidor en entornos digitales, entre otros.

Así, la comisión que preside la congresista Katy Ugarte Mamani (Juntos por el Perú, Voces del Pueblo-Bloque Magisterial), aprobó (con 11 votos a favor y una abstención) el dictamen recaído los proyectos de ley 12242/2025-CR y 13341/2025-CR, que incorpora al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para fortalecer el Consejo Nacional de Protección al Consumidor.

Asimismo, sostuvo que la conformación actual de dicha entidad es insuficiente debido a que no incorpora sectores clave como los Ministerios de Ambiente, Comercio Exterior y Turismo, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura y Justicia y Derechos Humanos.

“Esta falta de representatividad limita la capacidad del Consejo para diseñar y coordinar políticas públicas, integrales y multisectoriales, frente a los constantes cambios en las necesidades de los consumidores. Es el dinamismo del mercado y los estándares internacionales actuales, los cuales exigen una mayor transversalidad”, sostuvo la legisladora.

Luego, la comisión aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 9833/2024-CR, 10048/2024-CR y 12612/2025-CR, que propone -con texto sustitutorio- la “Ley que modifica la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, para precisar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la infracción administrativa”.

Sostuvo que no todas las vulneraciones a los derechos del consumidor son evidentes en el momento en que se producen, manifestándose únicamente con el transcurso del tiempo y tras la aparición de signos de deterioro o incumplimiento bajo el marco normativo vigente.

“Los consumidores que enfrentan estas situaciones ven comprometido su derecho a presentar un reclamo, porque el plazo de prescripción es de dos años. Esta situación genera una barrera significativa para el acceso a una era administrativa efectiva, debilitando la capacidad del sistema de protección al consumidor para su cumplimiento con fines preventivos y correctivas”, indicó Ugarte Mamani.

Por ello, agregó, extender el plazo de prescripción no solo resulta razonable sino también necesario para asegurar que la autoridad cuente con un horizonte temporal adecuado para investigar con rigurosidad y determinar responsabilidades.

Como segunda comisión dictaminadora, el grupo de trabajo aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 12496/2025-CR y 12584/2025, que propone, con texto sustitutorio, la “Ley que autoriza una nueva escala remunerativa para los trabajadores del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo”.

Asimismo, se aprobó (con 10 votos a favor y dos en contra) el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 10281/2024-CR que, con texto sustitutorio, propone la “Ley que modifica la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, a fin de fortalecer la protección del consumidor en entornos digitales”.

“En las últimas décadas, el comercio electrónico y las interacciones digitales en el mercado se han expandido de manera exponencial, transformando los mecanismos tradicionales de oferta y demanda. Sin embargo, esta evolución tecnológica no ha sido acompañada por una actualización normativa equivalente”, sustentó la congresista Ugarte Mamani.

Agregó que la nueva norma resulta necesaria para garantizar la tutela efectiva de los consumidores en un entorno donde las transacciones digitales se han convertido en un componente cotidiano de la economía nacional.

ATU

La Comisión también recibió al presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández Salazar, quien informó sobre la problemática de la interconexión en ambas ciudades.

Al respecto, el funcionario sostuvo que la entidad está abocada a darle claridad y solidez a los proyectos existentes, solucionando los inconvenientes que tienen.

“Venimos trabajando en el tema de darle claridad y solidez a la Autoridad de Transporte”, sentenció.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

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