La Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria encargada de proponer una Reforma Integral del Sistema de Administración de Justicia en el Perú, presidida por la congresista Maricarmen Alva Prieto (bancada AP), aprobó por unanimidad el Informe Final – Etapa 1, referido a las modificaciones constitucionales necesarias para modernizar y fortalecer el sistema de justicia del país.

La propuesta plantea incorporar por primera vez el Sistema de Justicia en la Constitución Política definiendo sus fines, principios y las instituciones que lo conforman. El objetivo es construir un servicio de justicia más independiente, eficiente, predecible, moderno y orientado al ciudadano.

Al respecto, la titular del grupo especial informó que el documento aprobado constituye una reforma constitucional completa, contenida en un informe de 96 páginas que se espera que sea aprobada en el Pleno.

Señaló que el trabajo se desarrolló de manera articulada con el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia, tras más de 26 sesiones, incluyendo cuatro descentralizadas en el sur, centro y Amazonía. Añadió que se recogieron aportes de más de 80 funcionarios, insumos con los que se elaboró una propuesta destinada a garantizar una justicia más eficaz y oportuna.

Resaltó que la reforma ha logrado instalar el tema en la agenda nacional, evidenciando que la principal preocupación de la ciudadanía es la falta de confianza en el sistema de justicia. Recordó que desde muchos años no se realiza una reforma integral y que, a diferencia de aquel diagnóstico, esta propuesta sí incluye un proyecto de ley con cerca de 40 artículos nuevos o modificados.

Entre los aspectos centrales mencionó la creación de un Sistema de Administración de Justicia que promueva la coordinación e interoperabilidad entre instituciones, evitando subordinaciones indebidas. Explicó, además, que la propuesta reemplaza a la Junta Nacional de Justicia por la nueva Escuela Nacional de Justicia, que asumirá también las funciones de la Academia de la Magistratura. Esta escuela formará a jueces y fiscales mediante un proceso meritocrático de dos años de estudios y un año de práctica, eliminando la provisionalidad y las designaciones “a dedo”.

Destacó la necesidad de asegurar la independencia de las autoridades de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, actualmente subordinadas y sin recursos suficientes. Recordó que hoy existen solo 48 jueces de control para más de 20 mil jueces, lo que limita la sanción efectiva a malos magistrados.

CREACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE JUSTICIA

El informe establece que toda referencia a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y a la Academia de la Magistratura deberá entenderse, una vez en funcionamiento, como Escuela Nacional de Justicia, nueva entidad responsable de la formación, selección y evaluación de magistrados.

La designación de los representantes del Consejo Directivo de esta nueva institución se realizará seis meses antes de concluir el mandato de los actuales miembros de la JNJ. Asimismo, la JNJ deberá organizar de manera anticipada el proceso de transición para garantizar una instalación oportuna.

El Consejo Directivo deberá instalarse dentro de los 10 días calendario posteriores a su designación.

Una vez instalado, el Consejo Directivo contará con 90 días calendario para remitir al Congreso el proyecto de ley orgánica de la Escuela Nacional de Justicia, el cual tendrá prioridad en comisiones y en el Pleno.

Desde su instalación, la nueva entidad asumirá los recursos presupuestales, personal e infraestructura actualmente asignados a la JNJ y a la Academia de la Magistratura. Los procesos en trámite quedarán suspendidos hasta que la Escuela Nacional de Justicia ejerza plenamente sus competencias, asegurándose el respeto de los derechos laborales de los trabajadores.

El informe dispone que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público asumirán el acervo documentario de los procesos disciplinarios archivados o en trámite que actualmente obran en la JNJ. Desde su instalación, todos los nuevos procesos disciplinarios deberán iniciarse directamente en estas autoridades de control.

El personal y los recursos presupuestales vinculados a dichas funciones también serán transferidos, respetando los derechos laborales correspondientes.
Todas las leyes orgánicas y normas sustantivas o procesales necesarias para implementar esta reforma constitucional tendrán carácter prioritario en su evaluación y aprobación en el Congreso.

ELECCIÓN POPULAR DE JUECES DE PAZ

El documento precisa que la elección popular de jueces de paz, establecida en el artículo 151 de la Constitución, será regulada mediante una propuesta legislativa que el Poder Judicial deberá presentar en un plazo máximo de 90 días calendario desde la entrada en vigor de la reforma.

La modificación del artículo 201 sobre el número y período de los magistrados del Tribunal Constitucional entrará en vigor cuando todos los actuales miembros hayan culminado su mandato regular.

PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Asimismo, se establece que los cambios en el período de mandato y la posibilidad de reelección del presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial no se aplicarán al actual titular, cuyo mandato concluirá conforme a la norma vigente al momento de su elección.

Finalmente, se dispone que la obligatoriedad del ejercicio titular de las funciones judiciales y fiscales regirá de manera plena a partir del año siguiente de la entrada en vigencia de la reforma, completándose en ese plazo la eliminación progresiva de la provisionalidad en dichas funciones.

El informe, que propone reformar la Carta Magna, será enviado para su debate en el Pleno del Congreso.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL