La Comisión de Vivienda y Construcción, presidida por su secretario Américo Gonza (PL), aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 03806/2022-CR, denominado Ley de la Movilidad Peatonal Sostenible, presentado por el congresista Luis Aragón (AP). Esta iniciativa busca garantizar un sistema de desplazamiento seguro, accesible e inclusivo, así como promover la planificación y mantenimiento de la infraestructura destinada a peatones en todo el Perú.

Durante el debate, los parlamentarios analizaron los principios y finalidades de la norma, la cual regula la infraestructura y el transporte peatonal dentro de los espacios públicos, en armonía con el entorno urbano y ambiental. La propuesta establece, entre otros principios, los de ciudadanía, derecho a la ciudad y participación ciudadana, orientados a fortalecer la cohesión social y la transparencia en la gestión de los espacios urbanos.

En su intervención, la congresista Mery Infantes (FP) planteó que se incorpore una disposición complementaria que fomente la coordinación intersectorial entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “Debe incluirse la implementación progresiva junto con el financiamiento necesario de los gobiernos regionales”, sostuvo.

Por su parte, Francis Paredes Castro (PP) señaló que algunos principios deben revisarse, al precisar que el concepto de ciudadanía “no es un principio universal como la justicia o la igualdad, sino una construcción histórica y cultural que varía según el contexto político”. Además, propuso retirar el título preliminar del proyecto, al considerar que temas como la participación ciudadana ya se encuentran regulados en otras leyes, como la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible.

Tras la deliberación, la comisión aprobó el dictamen con 16 votos a favor y dos abstenciones, destacando la necesidad de impulsar la cultura del caminar y reducir los índices de atropellos en las ciudades.

INHIBICIÓN

En otro punto de la agenda, el grupo legislativo evaluó la propuesta de inhibición recaído en el Proyecto de Ley N.° 11726/2024-CR, que propone la actualización de la escala remunerativa del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), sujeto al Decreto Legislativo 728.

El informe presentado indicó que la Comisión de Vivienda carece de competencia para dictaminar sobre temas relacionados con el presupuesto público, atribución que corresponde a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Según lo expuesto, dicha comisión ya aprobó el dictamen acumulado con el Proyecto de Ley N.° 11266/2024-CR, lo cual justifica la inhibición adoptada.

El documento recoge las observaciones de los ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que coincidieron en que las medidas de remuneración deben contar con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Finalmente, 17 congresistas votaron a favor del dictamen de inhibición, que fue aprobado por unanimidad.

OBRAS PARALIZADAS EN EL SECTOR VIVIENDA

En el último punto del orden del día, representantes de la Contraloría General de la República, encabezados por Fidel Inocente Hernández Vega y Francisco Nicolás Ochoa Uriarte, informaron sobre la situación de las obras paralizadas en el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

De acuerdo con el reporte, a nivel nacional existen 110 obras detenidas, que representan una inversión superior a S/ 3,226 millones, concentradas principalmente en las regiones Lima y Arequipa.

El congresista Américo Gonza destacó la necesidad de fortalecer la reactivación de proyectos detenidos y consultó si las leyes emitidas por el Congreso contribuyeron a dicho proceso. En respuesta, los funcionarios de la Contraloría afirmaron que “la normativa emitida por el Congreso sí ha ayudado, y precisamente utilizamos la Ley de Reactivación de Obras Paralizadas como base legal para ejercer nuestro control”.

Durante la sesión, la legisladora Francis Paredes expresó su preocupación por el despido de más de 3 mil fiscalizadores de la Contraloría en un contexto de elecciones próximas, mientras el congresista Alfredo Pariona (BS) solicitó información sobre el estado actual de los portales de transparencia y los indicadores de riesgo de corrupción y de inversión pública.

Los representantes de la Contraloría confirmaron que se realizaron 127 servicios de control concurrente, seis orientaciones de oficio y cuatro visitas de control, como parte de sus acciones de fiscalización para prevenir irregularidades en la ejecución de obras públicas.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL